La defensa delexvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien está en prisión desde diciembrede 2017 por un caso de asociación ilícita por caso Oderbrecht, pidió estejueves su cambio de una prisión de máxima seguridad a una cárcel menor enQuito.

Fausto Jarrín, abogado de Glas, indicó a la agencia de noticias EFE que esta petición se basa en el otorgamiento de medidas cautelares en favor de Glas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para «proteger los derechos a la vida e integridad personal» del exvicepresidente.

Jarrín precisóque este viernes empezará un proceso de acercamiento con el Estado ecuatorianopara conformar una mesa de conciliación que permita concretar las mediascautelares previstas por la CIDH en su fallo emitido hoy en Washington.

«Aspiro, al menos, a que estas medidas nos permitan poner en la mesa de negociación el regreso de Jorge Glas a la Cárcel Número 4 de Quito», de donde fue trasladado hace algunos meses, en un proceso presuntamente irregular, hasta la prisión de máxima seguridad de la ciudad andina de Latacunga, añadió el abogado.

Según elletrado, la propia CIDH, que en meses pasados visitó la cárcel de Latacunga,sufrió el acoso de las autoridades penitenciarias de ese centro, lo que pudohaber motivado su actual decisión.

Además, dijo que con el cambio a la cárcel de Quito, Glas estaría más cerca de sus abogados defensores, familiares y de los centros médicos donde pueda ser atendido de emergencia si se presentara alguna alteración negativa en el cuadro de enfermedades que padece.

Jarrín mencionó que Glas ha librado una lucha permanente contra una enfermedad que le aqueja y recordó que, además, encaró hace algún tiempo una «huelga de hambre» voluntaria en la cárcel de Latacunga, que el actual Gobierno «llevó hasta la burla» para intentar desprestigiar esa medida de presión.

Justamente,añadió el letrado, «las medidas cautelares están llamadas a parar elhostigamiento» contra Glas, por parte de las actuales autoridades.

Aclaró que las medidas cautelares no se pronuncian sobre «el fondo del caso» judicial que se sigue en contra de Glas, aunque Jarrín opinó que esta decisión «deja en entredicho el hostigamiento» al que presuntamente ha sido sometido su cliente.

Asimismo, opinóque la decisión de la CIDH envía también un mensaje sobre este tipo de casosdonde existen sospechas de supuesta «persecución política».

Recordó quehace un par de semanas, la CIDH emitió medidas cautelares similares en favor dela prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón,correligionaria de Glas, ambos afines al expresidente Rafael Correa(2007-2017).

Elexvicepresidente ecuatoriano fue condenado a finales de 2017 a seis años deprisión por un delito de asociación ilícita relacionado con la trama decorrupción de Odebrecht, que él ha negado.

Fuente: EFE