Desde la mañana de este jueves, cientos de peruanos se convocaron en las inmediaciones del Congreso Nacional para dar su apoyo al presidente Pedro Castillo y pedir el cierre del Parlamento, en medio de un nuevo enfrentamiento entre ambos poderes en el país andino.

La ‘Toma de Lima’, como fue denominada la movilización, motivó la suspensión de la sesión que el Congreso de Perú tenía prevista para hoy, ante el temor de que ocurran incidentes.

La Policía dijo tener información de que se preparan «actos de violencia contra la propiedad privada y pública».

En una nota oficial, La Mesa Directiva del Poder Legislativo explicó que la medida apunta a «salvaguardar la seguridad de los congresistas, así como del personal del Congreso de la República».

Previo a la marcha, la Policía Nacional dispuso el cierre de las calles aledañas al edificio, que se encuentra vallado. El informe de la fuerza de seguridad, citado por el diario La República, habla de una «posible infiltración de grupos radicales y extremistas dentro de los manifestantes, que podrían ocasionar un desborde social y la alteración del orden público».

En la sesión iba a debatirse un permiso de salida del país para el presidente Castillo, que debe viajar a Ciudad de México y a Santiago para asistir a la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico y el IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, respectivamente.

Castillo pretende salir del país del 24 al 29 de noviembre, pero el Parlamento, que ya le ha negado permisos otras veces, podría volver a bloquear su salida de Perú bajo el pretexto de que está siendo investigado por la Justicia por causas de presunta corrupción.

En medio de las tensiones con el Gobierno, el titular del Congreso acusó a Castillo de fomentar las protestas que piden el cierre del recinto legislativo: «El Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, pretende cerrarlo, está declarando un enfrentamiento, y le está haciendo daño a la nación«, declaró José Williams Zapata.

Por su parte, el jefe de Estado negó estar detrás de la ‘Toma de Lima’, promovida por sindicatos y organizaciones sociales y políticas de izquierda, y habló de la posibilidad de que haya infiltrados generando disturbios.

«Este gobierno es totalmente respetuoso (de las protestas), no solamente para que la población, los ciudadanos se manifiesten, se movilicen, pero con todo respeto. También hay que deslindar con ciertos infiltrados en las movilizaciones que hacen quedar mal a la autoridad y a los dirigentes. La movilización, el derecho a la protesta y la huelga, tiene que ser un derechos constitucional», dijo Castillo.

La «dictadura del Congreso»

El Congreso peruano, dominado por la oposición, rechazó el miércoles debatir el pedido del primer ministro Aníbal Torres de plantear un voto o «cuestión de confianza».

Torres había pedido el martes al Congreso considerar la evaluación y eventual derogación una ley que restringe las atribuciones del Gobierno, al impedir que el Ejecutivo formule cuestión de confianza por temas de competencia parlamentaria o reformas constitucionales.

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La cuestión de confianza es un instrumento constitucional con el que cuenta el Poder Ejecutivo de Perú, mediante el cual el presidente del Consejo de Ministros, en nombre de todo el gabinete ministerial o un ministro particular, pide al Congreso el expreso respaldo a una política.

Si los congresistas rechazan por mayoría un voto de confianza al primer ministro, todo el gabinete tendría que renunciar. Esto abre al gobierno la posibilidad de solicitar un segundo voto de confianza, que si también es denegado permitiría al Ejecutivo cerrar el Congreso y convocar a elecciones legislativas.

«Hay una dictadura del congreso de la República y eso nos está haciendo mucho daño», dijo Torres tras el rechazo.

El Congreso peruano prepara una nueva moción de vacancia para destituir a Castillo. Sería el tercer intento de remover al presidente después de las dos anteriores, en noviembre de 2021 y en marzo de 2022. En ambos casos fracasó por no conseguir los votos necesarios.

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