El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo peruano y el sector más conservador del Congreso sumó un nuevo capítulo que acrecienta la crisis política. Este lunes, el vocero del partido oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció que esa fracción parlamentaria presentará una moción de censura contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, por «conspiración y por fomentar sistemáticamente la vacancia» contra el mandatario Pedro Castillo.

Según indicó Cerrón, la decisión fue adoptada luego de que trascendiera que varios legisladores de la derecha se reunieron de forma secreta en un hotel de Miraflores para planificar la destitución del presidente Castillo. El cónclave, «de tono conspirativo», según indicó el semanario Hildebrant en sus 13., tuvo lugar el miércoles 9 de febrero.

«Pedimos que se aclare por qué se reúnen a escondidas del hemiciclo», manifestó el portavoz de Perú Libre en un mensaje público brindado en la puerta del Congreso.

El denunciado encuentro fue organizado por la fundación alemana Friedrich Naumann y por un instituto vinculado al partido Fuerza Popular (FP), de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Algunos de los participantes reconocieron que la agenda se centró en la destitución, pero aseguraron que no fue secreto, pese a que no se había anunciado públicamente.

Este lunes, el recientemente nombrado jefe de Gabinete, Aníbal Torres, aseguró en una rueda de prensa que existe un «plan secreto para generar un golpe de Estado mediante la vacancia, la acusación constitucional o la renuncia presidencial».

«Peruanas y peruanos, y a la comunidad internacional: están advertidos de este plan que ha quedado al descubierto. Estas acciones son producto de un sector minoritario del Congreso», indicó Torres.

La crisis política que atraviesa Perú se enmarca en un creciente clima de desconfianza pública hacia la clase dirigente. De acuerdo con una encuesta publicada el domingo por la firma Ipsos, el presidente tiene una aprobación popular de 25 % y una desaprobación de 69 %, mientras que al Congreso lo aprueba 21 % y lo desaprueba 62 %.