El presidente de Chile, Gabriel Boric, comenzará el viernes su Gobierno con una serie de retos que abarcan desde la promulgación de una nueva Constitución y el indulto prometido a los presos del estallido social de 2019, hasta la estrategia para enfrentar la crisis con los pueblos indígenas en la Araucanía y una crucial reforma del sistema de pensiones.

Boric recibe a un país que está en un incipiente proceso de recuperación económica después del impacto de la pandemia, ya que este año se prevé un crecimiento del 2,5 % que implica un drástico rebote a la baja después del 11 % alcanzado en 2021. El panorama se complica con la inflación que se disparó hasta alcanzar el 6,7 %, su nivel más alto en la última década.

Pero, más allá de la economía, el presidente enfrenta desafíos centrales en materia política, y que en su mayoría son resultado de los reclamos surgidos del ya histórico estallido social de 2019 que cambió por completo a Chile y que permitió que este dirigente de izquierda de 36 años ganara la presidencia.

El año pasado, por ejemplo, fue electa y comenzó a trabajar la Convención que debe redactar la Constitución que sustituirá a la que todavía rige en el país y que es herencia del dictador Augusto Pinochet.

Los plazos establecen que entre agosto y septiembre de este año estará lista la nueva Carta Magna que después será sometida a un plebiscito para que la ciudadanía la apruebe o la rechace. Si el voto es mayoritariamente positivo, Boric promulgará la Constitución que acompañará el resto de su gestión y de sus sucesores.

También tendrá que poner en marcha las leyes que emanen de esta reforma que apuesta a transformar por completo al país y de la cual el propio Boric fue uno de sus principales impulsores.

La coalición que lo postuló tiene mayoría en la Convención, por lo que la apuesta del nuevo Gobierno es que coincida con sus propios programas. Sin embargo, las críticas hacia el rumbo que está tomando la nueva Carta Magna son crecientes y todavía es impredecible qué puede ocurrir en los próximos meses.

Pensiones

En el programa de Gobierno que presentó durante la campaña, Boric propuso eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema privado de seguridad social creado desde tiempos de la dictadura, para sustituirlo por un modelo mixto que otorgue mayor seguridad a los beneficiarios y que sea sustentable en el tiempo.

El último aspecto es fundamental, ya que durante los últimos dos años las AFP sufrieron una drástica sangría de fondos debido a los tres retiros autorizados por el Congreso –a los que siempre se opuso el expresidente Sebastián Piñera– y que permitieron que se pudieran extraer jubilaciones y pensiones como una forma de que la ciudadanía contara con recursos para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia.

Los tres retiros permitieron la extracción de alrededor de 50.000 millones de dólares de las AFP, por lo que casi seis millones de usuarios dejaron sus cuentas en cero, lo que sumió en una crisis a un sistema de pensiones y jubilaciones que ahora Boric deberá modificar pero que ya viene sufriendo una serie de cambios.

En diciembre, el Senado rechazó un cuarto retiro, lo que ofreció un respiro a las AFP. Y a fines de enero el Congreso aprobó la pensión básica universal a través de la cual alrededor de dos millones de personas recibirán 227 dólares mensuales, lo que se convierte en un paliativo.

Presos de la revuelta

Durante las manifestaciones de 2019 que pusieron en jaque a Piñera, las fuerzas de Seguridad cometieron múltiples actos de violencia institucional que ya han sido denunciados en una serie de informes nacionales e internacionales.

Entre los abusos se encuentran las detenciones de manifestantes que, más de dos años después, siguen en prisión. El Gobierno de Piñera siempre los calificó como delincuentes, en tanto que la oposición (Boric incluido), los consideraba como presos políticos.

Se les llama «presos de la revuelta». Son alrededor de 2.500 personas que están detenidas, entre ellas menores de edad, a la espera de un juicio. Los acusan de vandalismo, incendios y atentados a la propiedad privada, entre otros delitos.

Los reclamos para que Piñera los indultara fracasaron, por lo que ahora su esperanza es que Boric cumpla con una de sus promesas de campaña que fue, precisamente, liberarlos. La primera medida sería el retiro de las querellas por parte del Estado.

El problema en este sentido es que el nuevo presidente se enfrenta a un debate polarizado en el que gran parte de la sociedad condena las protestas en las calles, especialmente los actos de vandalismo que suelen concentrar la atención pública, y exige «orden», aun a costa de la violencia estatal.

Es la misma postura que los sectores más conservadores tienen con respecto a la crisis que hay en la Araucanía y Biobío, regiones ubicadas en el centro del país y en donde hay varias comunidades indígenas.

Emergencia

Hablar de «la violencia en la Araucanía» y de «los terroristas mapuches» ya se convirtió en un lugar común que no explica la complejidad de lo que ocurre en la zona, en donde conviven añejas protestas por la reivindicación de territorios, grupos indígenas radicalizados que realizan ataques a fundos (que incluyen incendios intencionales) y grupos de autodefensa.

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En medio de una tensión permanente y crecientes actos de violencia que han dejado muertos en las partes enfrentadas, el año pasado Piñera impuso un estado de excepción que prorrogó hasta el final de su mandato y que implicó una militarización que es aplaudida por una parte de la sociedad, mientras que otra la considera violatoria de derechos humanos.

Durante la campaña, Boric se diferenció al advertir que, si ganaba, suspendería las medidas tomadas por el ahora expresidente y convocó a realizar un diálogo entre todos los actores para iniciar un proceso de pacificación.

Izkia Siches, la ministra del Interior, reconoció que este conflicto será uno de sus principales retos, ya que la apuesta es a diseñar una política diferente que respete el Estado de derecho y la seguridad de las personas afectadas por la violencia.

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