En el momento de mayor tensión política y en medio de un clima destituyente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó este lunes en el Congreso un proyecto para que el 2 de octubre, a la par de las elecciones regionales y municipales, se haga una consulta popular para que la ciudadanía apruebe o rechace una eventual reforma de la Constitución.

Sin embargo, la actual carta magna no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por lo que la iniciativa de Castillo contempla también una reforma constitucional previa, a fin de incluir un nuevo artículo que avale la activación de los mecanismos necesarios para llevarla adelante.

Más allá de eso, la convocatoria de un referendo para una reforma constitucional requiere de la aprobación del Congreso con una mayoría absoluta de sus miembros. El mandatario dijo que sabe que el Parlamento es el que tiene en sus manos la potestad de aprobar la propuesta, y desde los bloques opositores ya anticipan un rechazo.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró en declaraciones a la prensa que el proyecto del Gobierno tiene como objetivo «cerrar» la Cámara en una suerte de «golpe de Estado».

«Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere. Desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso», manifestó Alva y catalogó la propuesta de «inviable», según informó RPP.

Al realizar este lunes una presentación oficial del proyecto, el primer ministro Aníbal Torres aclaró que «ni el presidente de la República, ni los ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución». Asimismo, agregó que «todos los organismos constitucionales autónomos y demás entidades públicas mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones».

Martha Moyano (Fuerza Popular), miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, aseguró a Perú 21 que el proyecto de ley no sería aprobado en ese grupo debido a que el presidente «no ha respetado el debido proceso para realizar reformas en la Constitución». Si bien la comisión tiene 19 congresistas de diversas fuerzas, es probable que el plan del Gobierno no llegue a ser debatido en el Pleno, ya que muchos lo consideran no solo inconstitucional, sino también inoportuno.

«Social y económicamente resulta impertinente (la presentación del proyecto) porque acentúa incertidumbre y nos distrae de los temas de fondo que son el trabajo, la inversión, el alza de precios», opinó Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso).

Mal momento para grandes cambios

Se trata de una iniciativa que ya había adelantado el mandatario al momento de asumir el cargo, en julio del año pasado. En ese entonces, no podía preverse al detalle el grado de dificultades que se le presentaron al maestro rural en los 9 meses que lleva de gestión. Por presiones de la oposición en el Congreso, ha probado ya a 50 diferentes ministros, y él mismo tuvo que sortear dos mociones de vacancia por «incapacidad moral permanente».

En las calles, el panorama no es más alentador. Tras varias semanas de paros y violentas manifestaciones por el alza de los combustibles, la administración del partido Perú Libre (izquierda), también dividido a nivel interno, temió una revuelta popular y llegó a dictar un toque de queda que fue duramente cuestionado, aún después de haberlo dado de baja a las 24 horas.

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Así, el jefe de Gobierno peruano intentará llevar adelante su proyecto de reforma con la idea de recomponer la crisis de gobernabilidad que viene sufriendo el país desde 2016, con cinco presidentes en ocho años. Para ello, dependerá de la voluntad de un Congreso que le ha hecho la guerra al presidente casi desde su asunción, y donde el oficialismo no tiene mayoría.

El sistema de Gobierno actual de Perú se basa en un presidencialismo atenuado por el Poder Legislativo, que cuenta con la cuestión de confianza para avalar a los miembros del Gabinete y, al mismo tiempo, da la facultad al mandatario de cerrar el Congreso cuando ésta se ha denegado en dos oportunidades.

Asimismo, el Parlamento puede presentar mociones de vacancia por «incapacidad moral», un mecanismo cuya interpretación ha sido trastocada a partir de diciembre de 2017, y que permitió la expulsión de Martín Vizcarra de la Presidencia en noviembre de 2020.

A finales del año pasado, Pedro Castillo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente, y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete.