Cerca de la mitad del acero que una planta siderúrgica del estado de Washington (EE.UU.) suministró entre 1985 y 2017 a dos contratistas de la Armada de EE.UU. tenía una certificación de calidad falsificada, según ha revelado un proceso judicial. Este metal fue utilizado para moldear los cascos de múltiples submarinos que están en servicio hoy en día.

La exdirectora de siderurgia de una fundición en Tacoma, Elaine Marie Thomas, se declaró culpable el lunes de un fraude que duró décadas y consistía en alterar los resultados de las pruebas de resistencia y tenacidad, delito que afectó al menos a 240 producciones de acero. Estos lotes fueron a los astilleros de Electric Boat y Newport News Shipbuilding, pero las autoridades no especifican cuántos submarinos se vieron afectados.

Un avanzado submarino nuclear de ataque de EE.UU. pierde su revestimiento en su primera misión

Las pruebas debían mostrar que el metal tenía la calidad suficiente para que el casco no fallara en una colisión o en ciertos escenarios de guerra, según recogen los materiales del Departamento de Justicia a los que AP tuvo acceso. Mientras tanto, la mujer procesada, que tiene ahora 67 años, falsificaba las pruebas sistemáticamente y daba calificaciones aprobatorias al acero fabricado porque pensaba que era «estúpido» por parte de la Armada requerir que realizara test a 73,3 grados Celsius bajo cero.

Desde entonces, no ha habido reclamaciones de que el casco de algún submarino fallara, pero las autoridades informaron en el juicio que la Armada tuvo que asumir mayores costos y más mantenimiento para garantizar que se mantengan en condiciones para navegar.

La conducta de Thomas salió a la luz en 2017, cuando un experto en siderurgia que iba a reemplazarla prestó atención a los resultados sospechosos de un test y alertó a su empresa, Bradken Inc., que había adquirido la fundición en 2008. El abogado de Thomas dijo que ella «nunca tuvo la intención de comprometer la integridad de ningún material» y su actuación «no estuvo motivada por la codicia ni por algún deseo de enriquecimiento personal».

Al asumir la responsabilidad, la mujer enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de un millón de dólares. En el Departamento de Justicia señalaron que recomendarían al tribunal condenarla a una pena de prisión en el extremo más bajo del rango de pena estándar para esta clase de fraudes. Se espera que la corte dicte la sentencia en febrero próximo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!