El Congreso de Perú resolvió este miércoles avanzar con el proceso de designación de jueces para el Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que un fallo judicial le ordenó suspender provisionalmente esa tarea.

Un día antes, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior entendió que el Parlamento unicameral retomó ese proceso en una ampliación irregular de su período ordinario de sesiones, por lo que «el procedimiento estaría viciado por falta de transparencia y motivación al momento de calificar a los postulantes».

Sin embargo, los congresistas celebraron la sesión la tarde de este miércoles para designar a tres nuevos integrantes del TC entre 15 candidatos. Horas después, decidieron suspenderla para continuar al día siguiente, por no alcanzar los votos necesarios para la designación de jueces, informó la agencia de noticias Andina.

Esta situación podría abrir un nuevo conflicto de poderes en Perú, donde todavía no ha sido proclamado como presidente el virtual ganador de las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo, a un mes de la celebración de los comicios.

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El expresidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala, quien presentó la acción de amparo que derivó en el fallo judicial, consideró que si el Congreso continúa con el proceso de selección de magistrados podría incurrir en el delito de «desacato en flagrancia».

«Cuando hay flagrancia, un congresista puede ser detenido y no solo eso, puede ser hasta condenado. Estos señores se están ganando un problema por desconocimiento jurídico», dijo Ayala a RPP.

Por su parte, el congresista Rolando Campos, de Acción Popular, cuya bancada respaldó mayoritariamente la elección de miembros del TC, comentó que hay vicios en el proceso y el cálculo político desde el Parlamento. En este sentido, recalcó que la elección de los magistrados debe estar a cargo del próximo Congreso, que entrará en funciones el próximo 26 de julio.

También la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, sostuvo que el fallo debía ser acatado, porque el Legislativo «no está exento de control».

«Me ratifico en la necesidad de defender el fuero parlamentario, pero eso no significa incumplir decisiones de un juez constitucional. El ánimo de defensa del Congreso se hace en estricto cumplimiento de las leyes y mandatos judiciales, no pasando por encima del Estado de Derecho», señaló Vásquez desde su cuenta de Twitter.

La decisión del Congreso fue cuestionada por el equipo del virtual presidente electo, Pedro Castillo, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El exlegislador Hernando Cevallos, uno de los principales colaboradores de Castillo, comentó que «se debería esperar al nuevo Congreso para hacer una evaluación mucho más profunda y objetiva». Y añadió: «Elegir a los miembros del TC no es poca cosa, es trascendente para el país tener un tribunal absolutamente calificado y no debería haber apresuramientos de ningún tipo».

En tanto, la CIDH expresó su «preocupación» y advirtió que «un proceso inadecuado de selección y designación de operadores de justicia pone en peligro su independencia».

Con una composición partidaria diferente, el próximo Congreso, al igual que el actual, tendrá una representación muy fragmentada, con al menos una decena de fuerzas y ninguna de ellas cercana a la mayoría de las 130 bancas totales.

Dos días después de asumir el nuevo Congreso, el 28 de julio, tomará posesión del Poder Ejecutivo el presidente electo.