La reforma judicial impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández desató este viernes una nueva polémica luego de que se conocieran cambios que incorporaron un capítulo sobre la relación de la prensa y el Poder Judicial.

El artículo 172 de la iniciativa, que es el más reciente motivo de disputa política entre el oficialismo y la oposición, incluyó alternativas para que los jueces denuncien presiones que sufran por parte de periodistas o empresarios mediáticos.

«Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal deberán (…) comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo», señala el artículo de la discordia.

La prensa opositora al peronismo, que es la más numerosa, influyente y tradicional, denunció este viernes en las portadas de los diarios de mayor circulación, los portales más leídos y los programas de radio y televisión de las cadenas más grandes, que el Gobierno intentaba violentar el derecho a la libertad de expresión y perseguir a los periodistas que no les sean afines.

«Quieren cercenar la libertad de prensa», «embestida para atacar a los medios», «artículo contra los medios», «redoblan apuestas en sus ataques a la prensa», fueron algunas de las reacciones a este capítulo de la reforma judicial que también incluyó la repetida acusación de que esta es una prueba más de que, con Fernández en la Presidencia, «Argentina va a ser Venezuela».

¿Victimización?

Fuentes del Gobierno aseguraron que no hay persecución alguna ya que solo se busca que los jueces no sean presionados para emitir fallos en uno u otro sentido, lo que ha ocurrido en los últimos años y que ha motivado precisamente la necesidad de reformar al Poder Judicial.

También enmarcaron las críticas en la campaña de victimización y sobreactuación que lleva a cabo la prensa opositora desde que Fernández asumió la Presidencia, con frecuentes e infundadas denuncias de «persecuciones» y «ataques a la libertad de expresión».

Además, dijeron, les sirve para promover las protestas en contra del Gobierno, ya que esta nueva denuncia les permitió publicitar la convocatoria a una nueva y masiva movilización para el próximo miércoles, día en el que la reforma se discutirá en el Senado, a pesar de que salir a las calles todavía representa un riesgo porque puede propagar los contagios de coronavirus.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, explicó en redes sociales los alcances de la reforma y aseguró que, quienes critican el artículo 72, entonces están a favor del derecho de presionar a los jueces.

Quienes aseguran que se viola la libertad de expresión, afirmó, no aclaran en qué parte de la norma se afecta a los medios, ya que no se establece ninguna sanción para aquellos que presionen a los magistrados.

«¿Vamos a un ejemplo práctico? Supongamos que un periodista súper reconocido sugiere que la población escrache a los hijos de un juez porque está en desacuerdo con las sentencias de ese juez. ¿Qué pasa si sucede hoy? El juez no puede hacer nada, salvo que le haga una denuncia penal al periodista o al medio de comunicación que emitió al periodista», explicó.

Peñafort recordó que eso no suele ocurrir porque ningún juez se anima a denunciar o a pelearse con periodistas famosos ni con el Grupo Clarín, que es el multimedios más importante de Argentina, posición que fue respaldada por periodistas afines al Gobierno.

«Si entrase en vigencia este artículo que tanto cuestionan, el juez podría pedirle al consejo de la magistratura, por ejemplo, que les ponga custodia a sus hijos para preservarlos de un hecho de violencia. Sin denunciar a nadie, solo pidiendo que se adopten medidas de resguardo», afirmó la abogada.

«¿Qué le pasaría al periodista o al medio de comunicación? Absolutamente nada. Verán, el artículo no prevé sanción para quien ejerce las presiones. Solo establece que los jueces puedan pedir medidas de resguardo frente a la presión», insistió.

La funcionaria parlamentaria, que asesora directamente a la presidencia del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, agregó que el Consejo de la Magistratura no podría censurar ninguna nota porque la reforma no le da esas competencias.

«En conclusión, el artículo no vulnera la libertad de prensa de nadie. Solo permite que los jueces se protejan de las presiones en la medida que puedan. Pero la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en gana. ¿Donde ven la afectación de derechos? Salvo que aceptemos que la libertad de prensa incluye la posibilidad de presionar a los jueces», expresó.

Cecilia González