Hace casi un año, la alcaldesa boliviana Patricia Arce fue secuestrada y vejada públicamente por opositores al expresidente Evo Morales; sin embargo, el pasado domingo 18 de octubre, recibió el respaldo popular y fue electa senadora del país sudamericano.

Ahora se prepara para tomar su curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional y señala que no entrará «con ánimos de venganza» contra sus agresores.

«En realidad, nosotros estamos entrando para trabajar por todas las hermanas y hermanos bolivianos, para que nunca más ningún ciudadano boliviano pueda sufrir lo que Patricia Arce, lo que otros hermanos han sufrido durante ese año», enfatizó la política, en referencia a la violencia que sacudió al país durante la administración de un gobierno de facto, instalado tras el golpe de Estado contra Morales.

No obstante, considera que «va a faltar tiempo para poder reconstruir lo que en un año han destruido» los miembros del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, tanto a nivel social, como económico y político en el país andino.

Justicia por actos de violencia

Arce señaló que, una vez que asuman funciones, los parlamentarios electos por el Movimiento Al Socialismo (MAS) pedirán que la Justicia de Bolivia investigue y penalice a quienes hayan participado en los actos de violencia que se desataron en el país sudamericano, desde el 20 de octubre de 2019, tras desconocer los resultados de los comicios de ese día, en los que resultó reelecto Morales.

Patricia Arce, la alcaldesa boliviana atacada brutalmente por opositores en 2019, resultó electa como senadora por el partido de Evo Morales

Según datos de las Defensoría del Pueblo de Bolivia, en medio del conflicto político y social que vivió el país murieron 37 personas. Esto incluye a los asesinados en dos masacres, la ocurrida el 15 de noviembre e Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde fallecieron nueve personas por la represión policial y militar; y la perpetrada cuatro días después en Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo de seguridad, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, dejó un saldo de 10 víctimas mortales.

«Nosotros vamos a exigir que se haga un seguimiento, que la Justicia boliviana se haga cargo y que esta vez trabaje como tiene que trabajar, no sujeto a un partido político, sino que mantenga su autonomía», sostiene Arce. Para ella, ese proceso de investigación y sanción es necesario para que «los culpables tengan que pagar por los hechos de corrupción, por los hechos de masacre y por todas las violencias».

¿Un autoatentado?

La agresión que sufrió Arce ocurrió el 6 de noviembre de 2019, cuando grupos que ella denomina como «paramilitares» ingresaron a la sede de la alcaldía de Vinto, en la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba (centro del país), donde ella es alcaldesa.

«Me sacaron, me golpearon, me hicieron caminar descalza hasta Quillacollo [alrededor de una hora de distancia a pie], me cortaron el cabello, me echaron pintura roja», recordó la burgomaestre.

Arce consideró que esa masa enardecida, que no reconocía los resultados de los comicios a favor de Morales, fue alentada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,quien «muy irresponsablemente, había salido a los medios de comunicación diciendo que había un posible fraude«.

Aunque Arce denunció este ataque y presentó todas las pruebas necesarias para procesar a los responsables, la justicia no ha actuado, y no hay un solo detenido, según cuenta. Sin embargo, la justicia sí abrió una investigación en su contra, acusándola de haber perpetrado un supuesto «autoatentado».

Comentó, además, que las agresiones en su contra no se detuvieron ahí, puesto que durante el año del gobierno de facto ha «sufrido persecución política» y fueron abiertos 17 procesos penales en su contra.

Uno de esos procesos ocurrió en abril, cuando fue detenida, junto a sus cinco hijos, acusados de haber organizado una fiesta y consumir bebidas alcohólicas durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

A uno de sus hijos, menor de edad, lo llevaron a un centro de infractores. Sin embargo, la alcaldesa dio negativo en todas las pruebas de alcoholemia que le hicieron durante el procedimiento.