«Nos están matando en Colombia». Estas fueron algunas de las últimas palabras que pronunció el estudiante y activista Lucas Villa Vásquez antes de recibir ocho disparos, en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos la noche del miércoles 5 de mayo en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, ubicada en el eje cafetero.

La alegría, el baile y los cánticos de Lucas fueron acallados a balazos en un instante. El estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) está en terapia intensiva y se reporta en estado crítico.

Villa Vázquez ingresó a las 07:59 de la noche (hora local) al Hospital Universitario San Jorge. Aunque algunas versiones aseguraban que el hombre de 37 años tenía muerte cerebral, el gerente de la clínica, Juan Carlos Restrepo, dijo a Semana que su pronóstico era reservado y que están a la espera de ver si evoluciona tras ser atendido en la unidad de cuidados intensivos.

«Está siendo manejado por Neurocirugía, Neurología clínica e intensivistas. El paciente inmediatamente fue intubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos», contó Restrepo.

Durante el ataque armado a la altura del viaducto César Gaviria, también resultó herido de gravedad Andrés Felipe Castaño, con lesiones en cuello y abdomen; y Javier David Clavijo, con un disparo en la pierna, según reportaron medios locales.

En redes sociales se difundió un video sobre el supuesto momento en que Lucas, Andrés y Javier fueron atacados a balazos por al menos un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. Una mujer, presumiblemente pareja de una de las víctimas, grabó la escena con su celular.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Cientos de jóvenes convocaron este jueves a una jornada de velatón en Pereira para exigir justicia por el ataque armado que dejó a Lucas al borde de la muerte, y con lesiones a Andrés y Javier.

Violencia en Colombia

Hasta este jueves, la Defensoría del Pueblo reporta24 fallecimientos, 352 personas lesionadas y 89 desaparecidos. No obstante, organizaciones sociales documentan un saldo de 34 muertes y más de 300 ciudadanos no localizados en el marco de las protestas sociales y la represión orquestada por la fuerza pública y por civiles armados.

Además, la organización Temblores denunció1.708 casos de violencia policial en contra de manifestantes, entre las que se cuentan 22 víctimas de agresión en los ojos y 10 de violencia sexual. Además, documentaron 110 agresiones en donde los uniformados utilizaron armas de fuego en contra de ciudadanos.

Respuesta de Duque y Maya

El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó el ataque armado en Pereira. En su cuenta de Twitter, el mandatario pidió al director de la Policía Nacional, el mayor Jorge Luis Vargas, dar «con el paradero de los culpables y llevarlos ante la Justicia».

«No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos«, aseveró Duque.

De momento, se desconoce la identidad de los agresores. No obstante, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, de la coalición Más Cambio, ha sido fuertemente criticado porque en el contexto de las protestas en la ciudad, instó a los «miembros de la seguridad privada» para que formasen «un frente común» junto a la Policía Nacional y el Ejército, para «recuperar el orden en la seguridad ciudadana».

Las declaraciones de Maya fueron interpretadas por algunas personas como una abierta aceptación de la formación de grupos paramilitares para violentar las protestas sociales. En medio de la conmoción por el brutal ataque contra Lucas, Andrés y Javier, en Twitter se hizo viral la etiqueta #MayaDioLaOrden.

Por su parte, la noche del miércoles Maya exigió a la Policía «dar con los autores materiales e intelectuales del atentado» y precisó que había sido perpetrado «en el viaducto de Pereira». El alcalde también ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (unos 13.000 dólares) por información que conduzca a la captura de los agresores.

Criminalización de la protesta social

Desde el Gobierno de Duque hasta la actuación de gobernantes locales como Maya, las legítimas protestas sociales en Colombia han sido criminalizadas en el discurso político. Los actos vandálicos registrados en algunas movilizaciones han sido el pretexto ideal para calificar a estos grupos como terroristas, pese a que miles de ciudadanos se movilizan pacíficamente.

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En cambio, se guarda silencio y se perpetúa en la impunidad las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en contra de manifestantes, las cuales han sido documentadas por ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales.

Desde el 28 de abril comenzaron las protestas sociales en Colombia, en rechazo a una polémica reforma tributaria presentada (y después retirada) por el Gobierno de Duque. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza pública, amparado por el poder político, han reavivado los reclamos en las calles.

En este contexto de violencia y bloqueos en las calles, varias ciudades colombianas registran la falta de abastecimiento de alimentos e insumos básicos. Los habitantes de Pereira reportaron esta semana el desabastecimiento de alimentos y de gasolina

Además, en medio de estas carencias, los precios de los insumos básicos se han disparado, una tragedia para un país en el que el 42,5 % de la población está en pobreza monetaria y el 15,1 % se encuentra en condiciones de pobreza extrema, según datos oficiales.

José Beltrán