«No es imparcial»: Macri se resiste a declarar en causa por espionaje ilegal y de nuevo intenta apartar al juez
El expresidente argentino Mauricio Macri recusó este lunes por segunda ocasión al juez Martín Bava, con la intención de apartarlo de la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal en contra de los familiares de los 44 tripulantes que viajaban en el submarino que se hundió a fines de 2017.
«El juez actuó sin moderación, mesura, adecuada compostura, objetividad, imparcialidad, ecuanimidad, rectitud, recta administración de justicia, recato, despojado de cualquier injerencia extraña, independencia ni estilo moderado», afirmó la recusación que presentó su abogado Pablo Lanusse.
El objetivo es que Macri no acuda a la indagatoria que debe cumplir el próximo miércoles frente a Bava, quien es la cuarta vez que lo cita sin que hasta el momento haya logrado que el expresidente declare.
La primera indagatoria debía realizarse el 7 de octubre, pero en ese momento Macri se encontraba en una gira en EE.UU., desde donde denunció que era víctima de una «persecución política».
Después, el juez lo citó para el 20 de octubre, pero el expresidente volvió a faltar y solicitó que Bava fuera apartado de la causa al considerar que ya lo había prejuzgado, pero la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido.
Así, finalmente Macri tuvo que acudir al juzgado el pasado jueves pero, cuando inició la audiencia, su abogado reclamó que el expresidente fuera relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia para poder hablar sobre cuestiones de Estado, y que tenía que otorgar su sucesor, el presidente Alberto Fernández.
El juez consideró que este requisito no era indispensable, pero cedió a la exigencia para no entorpecer el derecho de defensa, así que suspendió la indagatoria.
Horas más tarde, Fernández firmó el relevamiento y Bava citó de nuevo a Macri para el 3 de noviembre.
Acusaciones
Ahora, esta cuarta convocatoria está en riesgo por la recusación en la que Macri insiste en que el juez debe ser apartado porque ya lo condenó de antemano.
«Tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento», asegura el pedido.
Con respecto a la frustrada indagatoria de la semana pasada, la defensa la calificó como «un bochorno» que le faltó el respeto al expresidente, ya que el juez no tenía el relevamiento para que pudiera declarar sin violar secretos de inteligencia.
La desaparición
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan, en el que viajaban 44 tripulantes, dejó de tener contacto mientras se ubicaba a 430 kilómetros de la costa argentina.
Dos semanas más tarde, el Gobierno, encabezado entonces por Macri, dio por finalizada la búsqueda a pesar de que la nave no se había encontrado y en medio de los reclamos de los familiares, que esperaban que hubiera sobrevivientes.
En agosto de 2018, las autoridades contrataron a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda. La empresa lo encontró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición.
La tensión entre el gobierno y los familiares fue permanente, ya que desde el principio hubo declaraciones desafortunadas de los funcionarios y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido.
El año pasado, el caso se agravó cuando el Gobierno de Alberto Fernández reveló que se habían encontrado pruebas de que los familiares de los tripulantes habrían sido espiados de manera ilegal.
Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció el hallazgo de tres discos rígidos que almacenaban seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas entre enero y noviembre de 2018, lapso en el que los familiares de los tripulantes presionaban al macrismo para que intensificara la búsqueda del submarino.
Por esta causa ya fueron procesados el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora Silvia Majdalani, quienes están acusados de espionaje ilegal en otras investigaciones judiciales. En todas sus declaraciones han negado los cargos, al igual que Macri, quien insiste en que es una persecución política justo en vísperas de las elecciones legislativas del proximo 14 de noviembre.
Sin embargo, el juez considera que el expresidente sabía de las operaciones ilegales y que el objetivo era conocer de antemano los reclamos que harían los familiares.
