Las imágenes duelen. Decenas de personas amontonadas en el suelo, algunas heridas con las manos atadas y los ojos cerrados bajo un intenso sol. Ante ellas, la mirada impasible de las fuerzas del orden de Marruecos. La tragedia, que tuvo lugar el viernes en la provincia marroquí de Nador, ha generado una oleada de indignación que exige investigaciones para esclarecer las muertes de 37 personas (según cifras de las principales ONG) que fallecieron al intentar saltar la valla fronteriza de Melilla, en España.

Las palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se enorgulleció de la «extraordinaria cooperación» con Rabat, tampoco han sido bien recibidas: «Ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso, yo creo quebien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos», dijo.

En otras declaraciones, Sánchez culpó a las mafias internacionales de lo ocurrido: «Lamentamos la pérdida de vidas humanas, en este caso de personas desesperadas que buscaban una vida mejor y que son víctimas e instrumentos de mafias y delincuentes que organizan acciones violentas contra nuestra frontera», señaló el presidente.

Y continuó: «Nunca me cansaré de expresar mi apoyo a la Guardia Civil y la Policía. También agradezco la labor de la Gendarmería marroquí. Marruecos combate y también padece esa violencia«.

De las cerca de 2.000 personas que intentaron acceder a suelo español el viernes, solo 133 lo lograron. El episodio, el más mortífero hasta la fecha en estas fronteras terrestres, se produjo después de que el Gobierno español apoyara la propuesta de Rabat de convertir al Sáhara Occidental en una provincia bajo soberanía marroquí.

«¿Era esta política de contención por parte de Marruecos la contrapartida por el giro radical del España en relación con el conflicto del Sáhara Occidental y los derechos del pueblo sahararui?», preguntó el partido Más País, liderado por Íñigo Errejón.

«Represión salvaje»

Este fin de semana varias organizaciones defensoras de los derechos humanos convocaron protestas en distintas ciudades de España con pancartas donde se podía leer «Ninguna persona es ilegal» o «Las vidas negras importan». Mientras, las condenas de multiplican.

La activista saharaui, premio Nobel Alternativo y Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Aminatou Haidar, calificó lo sucedido como una «represión salvaje e inhumana llevada a cabo por las autoridades marroquíes en la piel de cientos de jóvenes africanos».

En una nota enviada a Efe, Haidar consideró que se desconoce el número de muertos exactos debido «al bloqueo, la opacidad y el engaño practicados por las autoridades marroquíes, así como a la ausencia de cualquier investigación independiente e internacional sobre la masacre».

Asimismo, tanto la organización Juezas y Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han exigido una investigación. «Estos hechos nos muestran, una vez más, la realidad brutal e inhumana a la que se enfrenta un número creciente de personas que se ven empujadas a marchar de sus casas y dejar atrás vidas y familias, como resultado de la desigualdad y la injusticia en las condiciones de vida», reza el comunicado.

El Partido Popular (PP) y Unidas Podemos, formación socia del Gobierno de coalición junto al PSOE, también pideron este lunes una investigación.

Además, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Compromís y Más País solicitaron la comparecencia de Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para ofrecer explicacones. Los firmantes consideran la tragedia como «una consecuencia de las políticas migratorias de la Unión Europea y el nuevo acuerdo entre el gobierno de España y de Marruecos».