Un año después, la imagen se repite: niños portando armas e incorporándose a las filas de la policía de su comunidad para hacer frente a la violencia en el estado de Guerrero en México.

Estos últimos días han circulado videos y fotografías de menores de edad armados, formando parte de la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.

El pasado 10 de abril, en una asamblea comunitaria, la CRAC-PF anunció la incorporación de una treintena de niños, de entre 6 y 11 años, a las filas de la policía rural, en una acción de autodefensa que se activó en la zona, denunció la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En las fotografías y videos que circulan en las redes sociales se puede ver a algunos de los menores, junto a adolescentes de más edad, portando armas y disparando en un campo.

Algunos de los niños portan armas de juguete, algunas de madera, y hacen las mismas muestras de habilidades de combate.

De acuerdo con la Redim, varios de estos menores son hijos de 10 músicos indígenas que fueron asesinados y calcinados en enero de 2020, entre cuyas muertes se cuenta también la de un adolescente de 15 años, crimen por el cual fue responsabilizado el grupo criminal de ‘Los Ardillos’.

Situación en instancias internacionales

La Redim recordó que han denunciado esta práctica desde enero de 2020, cuando sucedió algo similar. Después del brutal asesinato de los músicos indígenas, la CRAC-PF presentó a 19 menores, de entre 6 y 15 años, como parte de la policía comunitaria; 17 eran de Ayahualtempa y dos de Xochitempa, en el municipio de Chilapa.

Entonces, el organismo que aboga por los derechos de la infancia en México, elevó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente, hubo un pronunciamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), que rechazó estas acciones que involucran a los pequeños en conflictos armados.

Este año, este organismo ha vuelto a opinar al respecto, indicando que «cuando niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos armados ven directamente afectados sus derechos«.

Los menores, dice la UNICEF, «principalmente se ven expuestos a la violencia, ya que frecuentemente son obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra su integridad física y su vida, así como la de otras personas»; también, «corren alto riesgo de ser sometidos a abusos, explotación, a sufrir lesiones físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte».

Debate pendiente en el Congreso

Desde la Redim, además, señalan que en el Congreso «sigue pendiente la armonización legislativa para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes».

En marzo de 2020, el senador Ricardo Monreal, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso reformas al Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, para tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.