«Yo no sé a qué se refieren cuando hablan de narcopolítica». Así se defendió el pasado miércoles ante la prensa el diputado paraguayo Juan Carlos Ozorio, al presentarse a declarar en la Fiscalía por su presunto vínculo con grupos dedicados al tráfico de drogas y lavado de dinero. Es que el nombre de Ozorio apareció en la mega investigación denominada ‘A Ultranza Py’, de la que participaron fuerzas locales, de Europa, de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense y de Uruguay. El legislador oficialista renunció a la Cámara baja por «problemas de salud», evitando ser expulsado de su banca por el escándalo.

Este político ya está detenido como sospechoso de haber participado de operaciones de lavado y producción de cocaína y marihuana para una organización que tendría conexión con el temible grupo brasileño Comando Vermelho, que opera en la frontera norte de Paraguay.

Además, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) le han incautado un helicóptero en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Luque, principal estación aérea del país.

Así como Ozorio, por la misma razón ya han abandonado sus cargos dos exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, y hay al menos otros tres diputados del gobernante Partido Colorado, que fueron denunciados por una colega del Partido Liberal, Celeste Amarilla, por supuestos nexos con grupos criminales compuestos por paraguayos y brasileños.

Según dijo Amarilla, además de Ozorio, Erico Galeano, Ulises Quintana y Nazario Rojas, todos ‘colorados’, estarían involucrados. En una extensa intervención en la primera sesión del año en el Congreso, la parlamentaria lanzó una lista de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos, entre ellos el expresidente Horacio Cartes y buena parte de sus socios y exfuncionarios.

Cabe recordar que esta diputada fue suspendida por el Congreso en octubre de 2020, por 60 días y sin goce de sueldo, justamente por señalar que la gran mayoría de los parlamentarios habría llegado a su banca con «dinero sucio» proveniente del narcotráfico. Ahora mismo, sus seguidores reclaman desde las redes sociales un pedido de disculpas de parte de todo el Parlamento.

Sin disimulo

El 22 de febrero, el ahora exministro del Interior, Arnaldo Giuzzo, fue destituido luego de que saliera a la luz un presunto vínculo con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua; capturado en Brasil y considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país.

En la jornada del 2 de marzo, Giuzzio asistió a la sede del Ministerio Público en la que debía declarar a bordo de una camioneta cuyo titular sería el supuesto narcotraficante brasileño Celso Eni Mendes dos Santos, detenido el 6 de julio de 2021, en Pedro Juan Caballero, por presuntamente financiar el tráfico de drogas en la frontera.

A inicios del mes pasado, el exfuncionario se salvó de un juicio político por la escalada de violencia y crímenes que se suceden a diario en el país. En la sesión que lo tuvo al borde de la expulsión, denunció ante el Congreso al expresidente Cartes —cuyo bloque, Honor Colorado, impulsó el libelo— por tráfico de cigarrillos; y lo definió como «el más grande lavador de dinero que tiene el Paraguay y quizá hasta la región». Esa jugada le dio un respiro, pero aseguró que temía por su seguridad y avisó que la «guerra» o «vendetta» a la que se enfrentaba con el exmandatario iba a continuar.

Casi al mismo tiempo, el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, fue expulsado del Ejecutivo luego de que se le incautara un yate en el marco del megaoperativo antinarco. La embarcación, valuada en 400.000 dólares, estaba a nombre de el presunto narco Alberto ‘Beto’ Koube, también detenido en la redada internacional.

El presidente de Paraguay asegura que está dando «la batalla más dura contra el crimen organizado en la historia» de su país

Celebración presidencial

Lejos de mostrarse preocupado por las numerosas pruebas que salpican al gobierno y su tradicional fuerza política, el presidente Mario Abdo Benítez se jactó la semana pasada de estar dando «la batalla más dura contra el crimen organizado en toda la historia del país».

En un encendido discurso, el mandatario celebró los resultados de la investigación internacional ‘A Ultranza Py’ contra el narcotráfico, que derivó en la expulsión de dos miembros del Ejecutivo, pero no hizo ningún comentario sobre estas implicaciones.

«Estamos satisfechos y vamos a seguir trabajando. Y a luchar con coraje», dijo Abdo Benítez durante un acto oficial. Y añadió: «¿Por qué antes no caían todos estos que están cayendo ahora?».

Avivamiento: la pista religiosa

En el marco de las investigaciones en curso,se emitió una orden de captura contra el pastor José Insfrán, de la iglesia evangélica Avivamiento, ubicada en Curuguaty, en el departamento fronterizo de Canindeyú. Insfrán está prófugo de la Justicia, acusado por lavado de dinero.

El cada vez más complicado diputado Ozorio era uno de los feligreses más activos del templo. Incluso se lo puede ver en un video del diario La Nación siendo «tocado en el nombre de Jesús» por un colaborador del pastor, en uno de sus multitudinarios cultos religiosos.

Al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, también se le relaciona con la iglesia del fugitivo pastor, a quien conoce de cerca, envía saludos y agradece «bendiciones».

Según detalló la fiscal del caso, Meiji Udagawa, el pastor José Insfrán «tenía un gran despliegue económico, lavando dinero a través de la Iglesia Centro de Avivamiento», con «movimientos económicos poco usuales» y operaciones que no coincidían. De sus encuentros religiosos participaban «personas provenientes de todo el país, las que eran llevadas en ómnibus, todo pago, como una especie de retiro», dijo a radio La Unión. Y añadió: «Llamaba la atención el gran movimiento de esa Iglesia y cada vez ganaba más adeptos porque repartían dinero».

La fiscal sospecha que con dinero de la iglesia se financiaban campañas políticas e incluso funcionaba como una especie de «sponsor» de clubes deportivos, con cifras llamativas.

Paraguay es el mayor productor de marihuana clandestina de Sudamérica. Desde allí operan organizaciones delictivas que distribuyen esa y otras drogas ilegales hacia Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, así como a algunos países de Europa y África.

En este contexto, la inmersión de la política en el mundo del narcotráfico es una problemática que preocupa desde hace más de una década, ya que pone en riesgo la democracia y la seguridad del país. Mientras las evidencias son cada vez mayores, se acerca la fecha para las próximas elecciones generales que definirán al próximo presidente y la composición del nuevo Parlamento, previstas para abril del año próximo.