Un accidente en el que murieron decenas de personas y una represión policial reavivaron en México el debate sobre la creciente crisis migratoria que ha mutado en tragedia humanitaria sin que se vislumbre una solución en el corto plazo.

Las caravanas de migrantes que entran por la frontera sur con la ilusión de llegar a EE.UU. ya se convirtieron en una postal habitual durante los últimos años. Las conforman decenas de miles de personas, provenientes principalmente de Centroamérica y de Haití, que escapan de la violencia social, política y económica que padecen en sus países.

En su tránsito por México encuentran múltiples violencias: cárteles que los secuestran para extorsionarlos o, directamente, asesinarlos; fuerzas de Seguridad que los reprimen y tratan de impedirles el paso; autoridades que los deportan de manera masiva; abusos sexuales e interminables muestras de racismo, discriminación y xenofobia. La vulneración de sus derechos humanos es cotidiana.

Y sin embargo, el flujo migratorio no cesa y se convierte en una presión permanente para los gobiernos de EE.UU. y de México.

De acuerdo con informes de la Unidad de Política Migratoria (dependiente de la Secretaría de Gobernación de México), durante los primeros 10 meses de este año ya se entregaron 29.892 tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. Representan un 39,2 % más que las que se otorgaron el año pasado.

También se autorizaron 39.602 residencias temporales (casi cinco mil más que en 2020); 55.730 residencias permanentes y 15.252 autorizaciones para personas que solicitaron refugio. Pero el caudal migratorio es tan grande que la respuesta oficial no alcanza. Tampoco el trabajo, las denuncias ni los reclamos de las organizaciones humanitarias.

Deportaciones

En lo que va de 2021, el Instituto Nacional de Migración reportó a 228.115 extranjeros en condiciones migratorias irregulares. El año pasado habían sido 86.370. Si se suman los primeros tres años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se acumulan 497.425.

Son casi medio millón de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad que caminan miles de kilómetros con sus escasas pertenencias a cuestas o que les pagan a traficantes que los esconden en tráileres, camiones o trenes para que los lleven hasta la frontera.

Por otra parte, en 2020 fueron devueltas a sus países 60.315 personas, pero en los primeros 10 meses de 2021 ya van 82.627. El récord sigue siendo 2019, ya que se expulsó a 149.812 migrantes. Esto implica que en solo tres años fueron deportadas 292.754 personas.

Con respecto a las solicitudes de refugio, entre 2020 y 2021 se duplicaron al pasar de 42.059 a 90.314. Desde hace años las encabezan ciudadanos de Honduras, pero en 2020 comenzó a haber un cambio, ya que Haití desplazó a El Salvador en el segundo lugar de país de origen de este tipo de trámite. En tercer lugar sigue estando Cuba.

Y mientras México expulsa a cientos de miles de centroamericanos, del otro lado de la frontera replican la estrategia: de 2019 a 2021, EE.UU. deportó a 585.264 mexicanos.

Postales

El sábado pasado murieron 57 migrantes que viajaban escondidos en la caja de un tráiler. El vehículo volcó en una carretera de Chiapas y dejó una dantesca escena con decenas de cuerpos cubiertos con sábanas blancas.

Un día después, una caravana migrante fue reprimida por policías de la Ciudad de México que les quisieron impedir el paso. Su objetivo era ir a rezar a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Lo lograron, pero les costó un enfrentamiento que dejó decenas de heridos y que obligó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a garantizar el respeto a sus derechos humanos. Hoy, siguen marchando por la capital y siguen firmes en su intención de llegar a EE.UU., a pesar de la permanente amenaza de ser deportados.

En enero de este año, en Tamaulipas, estado fronterizo con EE.UU., fueron encontrados 19 cuerpos calcinados. Las víctimas, en su mayoría migrantes guatemaltecos, habían sido ejecutadas a tiros. Las masacres ya son de larga data. En 2010, 72 migrantes centro y sudamericanos fueron asesinados por Los Zetas, uno de los cárteles que eligió el secuestro de migrantes como un nuevo negocio, ya que les pedían rescates en efectivo o que trabajaran para ellos. Y mataban a quienes se negaban. Al año siguiente, también en Tamaulipas, se encontraron otros 193 cuerpos apilados en fosas clandestinas.

A ello se suma la violencia institucional. En marzo, Victoria Esperanza Salazar, una mujer salvadoreña de 36 años, fue asesinada por policías que la sometieron en el piso durante un operativo en el estado de Quintana Roo.

En agosto, las imágenes de trabajadores del Instituto Nacional de Migración pateando en la cabeza a un migrante que estaba tirado en el piso desataron una oleada de indignación. La víctima formaba parte de la caravana migrante que salía de Chiapas. La agresión fue consentida por elementos de la Guardia Nacional que estaban presentes y no hicieron nada por impedirla.

La tensión política es permanente. A principios de diciembre, el presidente Joe Biden reanudó ‘Quédate en México’, un controvertido programa que puso en marcha su antecesor, Donald Trump, y que obliga a los solicitantes de asilo en EE.UU. a permanecer en albergues del otro lado de la frontera que, de por sí, ya están colmados. Un informe lo describe como «un desastre humanitario».

Por estos y muchos otros casos, la crisis migratoria se ha convertido en un tema recurrente en las conferencias de López Obrador.

Integrantes de la caravana de migrantes denuncian que no esperaban «tanta agresión de la Guardia Nacional» en Ciudad de México

Propuestas

«No queremos que México sea un campamento de migrantes», advirtió en septiembre pasado el presidente, quien desde que comenzó a gobernar ha insistido en que la crisis migratoria exige una respuesta multilateral que incluya la atención de las causas que motivan a las personas a abandonar sus países.

«Queremos que cambie la política que se ha aplicado desde hace muchísimos años y no ha dado resultados. Esto lo entienden en EE.UU., han sido sensibles a esta propuesta, pero se tardan mucho», señaló al citar a Haití como ejemplo de un país que necesita financiamiento internacional para paliar sus deterioradas condiciones sociales.

Esta semana, después de la tragedia de los 57 migrantes muertos en Chiapas y el enfrentamiento de la caravana con policías en la Ciudad de México, López Obrador defendió su estrategia de retener lo más posible a los migrantes en el sur de México porque si recorren el país se enfrentan a muchos riesgos.

«Siempre he dicho que lo mejor es atender a la gente donde vive, tiene que haber programas de desarrollo en Centroamérica», dijo. También reveló una carta que le mandó a Biden en la que le explica que el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento completamente nuevo.

«Desde luego, es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos; sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo», asegura la misiva.

Por ello, López Obrador conmina a Biden a actuar de inmediato y aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los tres países con mayor migración, un programa que México ya lleva a cabo en Chiapas para generar empleo en el cultivo de árboles frutales y maderables y con el que, asegura, en las naciones vecinas se generarían 240.000 puestos de trabajo.

Otro proyecto que le propone es contratar como aprendices a 30.000 jóvenes para que reciban un salario mínimo y puedan capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales, lo que permitiría mantener en sus países de origen a por lo menos 90.000 personas.

«Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo», señala la carta que culmina con una propuesta para ofrecer visas temporales de trabajo en EE. UU. en el mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda.

Hasta ahora, no ha habido respuesta.

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