¿Muerte cruzada? Parlamentarios de Ecuador formalizan pedido para debatir posible destitución de Lasso
La bancada de Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador formalizaron el pedido para debatir en el Parlamento la posible destitución del presidente del país suramericano, Guillermo Lasso.
La petición fue hecha mediante una carta enviada al presidente de la AN, Virgilio Saquicela, firmada por los 47 legisladores que componen la bancada de UNES.
«El Ecuador vive una situación de grave crisis política y conmoción interna provocada por el incumplimiento de las promesas de campaña y un gobierno alejado de las necesidades y la realidad que vive la ciudadanía», dice la misiva enviada a Saquicela.
🔴#ATENCIÓN I Con 47 firmas la Bancada UNES pide al presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela inicie el trámite de la destitución de Guillermo Lasso como presidente de la República. pic.twitter.com/q5Yj2EIS1q
— W Radio EC (@WRadioec) June 24, 2022
La petición se hace en medio del paro nacional que vive el país desde el pasado 13 de junio, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado otros colectivos sociales.
Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que aglutina a 15 agrupaciones, hasta el jueves 23 de junio se habían registrado en el contexto de las manifestaciones cinco personas fallecidas, cinco desaparecidos, 166 heridos y 108 detenciones.
🆘El gobierno de #Ecuador sigue cometiendo graves vulneraciones a los #DDHH en el #ParoNacionalEc.Reporte #23Junio🧵👇🚨64 vulneraciones DDHH⚠️ 5 Fallecidos⚠️166 Heridxs⚠️108 Detenciones⚠️5 Desaparecidxs#CIDHesUrgenteEC@CIDH 🗺️Mapa👇https://t.co/gFNYFNjENupic.twitter.com/W0gr1fTEbn
— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) June 24, 2022
Asimismo, señalan que se han cometido al menos 64 vulneraciones a los derechos humanos, de los cuales responsabiliza al Estado.
El mecanismo
Los asambleístas piden que se debata el tema invocando el artículo 130 de la Constitución de Ecuador, que establece que el Parlamento puede destituir al mandatario en los siguientes casos:
- Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
En la carta enviada a Saquicela, los legisladores de UNES señalan que el propio presidente Lasso ha reconocido en los decretos que ha emitido recientemente, en los que declara estado de excepción en varias provincias por las protestas, la existencia de una «grave conmoción interna».
El mecanismo que piden activar los parlamentarios se conoce en el país suramericano como «muerte cruzada». En caso de darse el debate y la votación en la Asamblea, se necesitarán los votos de las dos terceras partes, es decir de 92 asambleístas, para concretar la destitución del presidente.
Si eso llegase a suceder, de acuerdo con el mismo artículo de la Constitución, el vicepresidente asumirá la Presidencia de la República. Asimismo, en un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
«Comprendemos el reclamo generalizado de la población que exige que nos vayamos todos«, dice la bancada de UNES en un comunicado que publicó en su cuenta en Twitter.
Además de los asambleístas de UNES, los parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik Dina Farinango, José Chimbo, Mireya Pazmiño y Peter Calo se han sumado a la propuesta de la muerte cruzada, según lo han expresado a través de Twitter.
Facultad del mandatario
La Constitución ecuatoriana, en su artículo 148, también da la facultad al mandatario de disolver el Congreso. En caso de hacerlo, también se convocarían elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
En octubre del año pasado, Lasso hizo referencia a este mecanismo, al haber bloqueos en el Parlamento a los proyectos de ley del Ejecutivo.
En esa oportunidad señaló que la muerte cruzada «es una salida constitucional pero drástica, que probablemente sea inevitable».