La masacre de nueve jóvenes en Samaniego (Nariño), pocos días después de que ocurriera el múltiple homicidio de cinco adolescentes en Cali, el asesinato de dos menores que iban a llevar la tarea en la frontera entre el Cauca y Nariño y la muerte de dos indígenas en el municipio de Corinto, ha conmocionado de nuevo a Colombia, en medio de una ola de violencia que ha provocado un incremento de los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes en el contexto de la pandemia.

Frente a los asesinatos recientes en Samaniego, el Gobierno del presidente Iván Duque ha ofrecido una recompensa de 52.000 dólares a quienes ayuden a dar con los responsables y ha desplegado un fuerte operativo militar en la región, al que ha destinado por lo menos 120 hombres.

Organismos de defensa de los derechos humanos y líderes sociales han alertado sobre el abandono del Estado en la zona y sobre la necesidad de que se cumpla lo establecido en el Acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Además, han pedido que se establezca un diálogo de paz en las comunidades afectadas para que disminuyan los niveles de violencia causados ​​por los enfrentamientos entre grupos armados y organizaciones criminales por el control territorial y el narcotráfico.

¿Qué ocurrió en Samaniego?

La noche del pasado sábado, un grupo de unos 50 jóvenes se reunieron en una finca a las afueras de la ciudad para celebrar una fiesta de cumpleaños. A eso de las 10:30 de la noche llegaron dos motos con cuatro hombres encapuchados que empezaron a disparar contra quienes se les cruzaran por delante o intentaran huir.

Horas antes de este ataque, otra joven, Yésica Zúñiga, también fue asesinada en el municipio, por lo que las autoridades investigan si el crimen guarda relación con el homicidio múltiple.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Luis Vargas, ha afirmado que los desconocidos preguntaron por tres personas que estaban en la fiesta antes de comenzar el tiroteo. Sin embargo, ninguno de los ocho fallecidos fueron mencionados.

El lunes, la vicefiscal general, Marta Mancera, llegó al lugar para verificar los avances de la investigación y las tareas de inspección que realizan los expertos. Hasta ahora hay dos detenidos por porte ilegal de armas.

Respuesta del Gobierno

Tras conocer la situación, Duque manifestó que los hechos de violencia ocurrían por las actividades del narcotráfico en el departamento y «la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio».

El mandatario mencionó a organizaciones de microtráfico de carteles internacionales y al ELN, que el pasado lunes negó su vinculación a la masacre y responsabilizó al Ejército y a la Policía de mantener una «alianza» que ha hecho que se haya incrementado la violencia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseveró que no era el momento de hacer política y anunció una serie de medidas para militarizar la región, entre las que se encuentran:

• Creación de un grupo de tarea especial compuesto por miembros de la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y el Cuerpo Técnico de Investigación.
• Creación grupo de reacción especial de 30 unidades.
• Llegada a la zona de 20 expertos de inteligencia de la Policía Nacional y del grupo de antiterrorismo de la Dijin para liderar las investigaciones.
• Creación del Centro de Fusión Operacional de Inteligencia para los grupos armados organizados.
• Despliegue de 120 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido 4 del Ejército en la región y de la Armada en operaciones fluviales.

¿Hay otra solución?

Para algunos especialistas la respuesta estatal ante esta masacre no deben ser tangencial (militarización y despliegue de los cuerpos de seguridad), sino que debe atender temas como las demandas sociales, el conflicto armado en las zonas rurales y los acuerdos de paz.

En un video publicado en las redes, Harold Montufar Andrade, líder social de Samaniego, afirma que en ese municipio de 20.000 habitantes han ocurrido 30 asesinatos por arma de fuego en lo que va de año, por lo que, según él, es el que tiene más homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo.

Montufar Andrade considera que una de las maneras de atacar el problema de la violencia es hacer una «propuesta conjunta de construcción territorial de paz para que el conflicto armado se reduzca» que se base en el respeto por los derechos humanos.

A esta proposición se le suma la del profesor y periodista Víctor De Currea-Lugo quien se refiere en un artículo escrito en su página web a la necesidad de establecer un «plan social eficaz«, del acompañamiento internacional «para salvaguardar la vida en las comunidades y de «exigir de manera explícita al Gobierno colombiano el respeto por los pactos internacionales».

¿Por qué la violencia en Samaniego?

Para explicar el fenómeno de «violencia estructural» que atraviesa este municipio de Nariño, De Currea-Lugo recuerda en su escrito que en Nariño está ubicado el puerto de Tumaco (Costa pacífica), que es «una zona que ha tenido presencia de tropas de EE.UU., niveles impresionantes de desempleo y de pobreza, y una ruta constante de entrada y salida de armas, dólares, insumos para el narcotráfico y cocaína«.

Tras el proceso de paz, las extintas FARC abandonaron esos territorios por lo que «el ELN, los grupos paramilitares, los carteles del narcotráfico de Colombia y de México, y las élites locales» comenzaron la disputa por el control territorial, lo que generó incremento de los cultivos ilícitos. Según la ONU, de las 121.004 hectáreas de coca que hay sembradas en Colombia, 36.964 están en Nariño, el segundo departamento productor de esta planta en el país.

Además, actúan allí «las disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz o decidieron volver a las armas» tras denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno.

Reacciones

Entre los primeros en reaccionar a través de las redes estuvo el gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas, quien rechazó los hechos y manifestó que la «presencia de grupos armados sume en el terror a la comunidad«, donde según él, ya han ocurrido más de 20 homicidios en menos de dos meses.

La misión de la ONU en Colombia ha emitido un comunicado donde se afirma que, en lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y ha dado seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios.

En el documento se expresa que «es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz«, especialmente en el tema de las garantías de seguridad.

La Defensoría del Pueblo, que ha advertido sobre el «inminente riesgo» en el que se encuentra la comunidad de Samaniego, ha pedido a las autoridades «abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables».

Nathali Gómez