Miles de migrantes sin papeles en España enfrentan diversos obstáculos en su intento por ser atendidos en la sanidad pública
Los inmigrantes sin papeles en España no pueden recibir ayudas estatales como el ingreso mínimo vital, y miles de ellos, tampoco tienen acceso a los servicios públicos de salud. Algunas organizaciones y médicos locales denuncian que las personas en situación migratoria irregular enfrentan diversas trabas en su intento por ser atendidos en la sanidad pública.
Es el caso de Yesenia Gutiérrez, que llegó al país ibérico hace solo unas semanas junto a su pequeño hijo. Aterrizó con visado de turista, pero su objetivo era quedarse en territorio español. Recientemente el niño enfermó. Sin papeles y con limitados recursos económicos, ha encontrado el apoyo de una ONG que pasa consulta al menor de forma gratuita.
En un inicio la madre acudió con el niño a un centro de salud de Madrid y le dijeron que no podían atenderle porque llevaba menos de tres meses en España. Luego le derivaron al hospital público Nuestra Señora de La Paz, en la capital española, donde le dijeron que le van cobrar.
Las promesas del Ejecutivo
«Me indicaron que me iban a facturar, que me estaban viendo como privado, y que me iba a llegar una factura», relata Yesenia.
En el 2012, en medio de la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó a los inmigrantes en situación irregular sin derecho a la atención primaria y especializada. Sin embargo, una de las primeras propuestas en la llegada al poder del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez, fue devolver la asistencia sanitaria a migrantes sin papeles. El Ejecutivo lo vendió como el regreso a la sanidad universal, aunque decenas de organizaciones denuncian que aún hay miles de personas que no tienen acceso.
En algunas regiones, varias ONG y médicos denuncian las trabas que tienen las personas migrantes irregulares para acceder a la salud, como la exigencia de llevar 90 días en el país, la creación de unidades de tramitación para extranjeros o la desaparición de miles de migrantes de las bases de datos de los servicios de salud.
Hay doctores que no creían en estas trabas a mujeres embarazadas, personas con cáncer, con sida o a niños hasta que lo vieron con sus propios ojos. «Es horroroso. Me parece increíble, una falta de derecho, eso no puede ser. Es una falta de justicia», lamenta Irene Sánchez, una pediatra jubilada.
La ley que aprobó el actual Gobierno de coalición en 2018, mejora la situación de las personas extranjeras sin papeles, pero dejó importantes grietas. Las Comunidades Autónomas españolas poseen las competencias sanitarias y algunas de ellas implementan condiciones burocráticas que dificultan el acceso a la salud. Desde diferentes organizaciones no gubernamentales piden retomar la sanidad universal en España.
El único requisito «coherente»
«El único requisito para que una persona extranjera pueda acceder a la atención sanitaria, independientemente de si se encuentra en situación administrativa regular o irregular debería ser el hecho de que viva en España. Este era el criterio aplicado hasta el 2012 y es el único coherente con el marco internacional de derechos humanos», afirma el técnico de incidencia política en Médicos del Mundo, Pablo Iglesias.
Solo en la Comunidad de Madrid, un grupo de organizaciones no gubernamentales ha desvelado que 27.000 inmigrantes han quedado excluidos del sistema sanitario. Lo más grave, dicen, es poner riesgo la salud de un número importante de personas.
Recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde a un anteproyecto de ley para mejorar las normas establecidas tres años atrás y así blindar la sanidad universal en este país. Pero mientras se debate y se aprueba en el Congreso Diputados esa ley, España ya suma casi una década de trabas al acceso de la salud de miles de inmigrantes sin papeles.
