Migrantes latinos, algunos de los cuales llevan meses esperando para poder cruzar de México a EE.UU., han sido testigos de cómo ciudadanos ucranianos les adelantan en los procedimientos, mientras ellos continúan bloqueados en la frontera.

Washington ya anunció que está dispuesto a acoger a un número considerable de refugiados del conflicto ucraniano, elevando la cifra hasta las 100.000 personas, mismas que serán provistas de un permiso humanitario especial por la guerra.

Miles de ellos han llegado ya por avión o en tren a la ciudad fronteriza de Tijuana, donde están siendo alojados en la instalación deportiva Benito Juárez mientras esperan a que se tramiten sus solicitudes. La espera media de los ucranianos en esta frontera es tan solo de dos o tres días. Además, cuentan con una entrada exclusiva para acceder a EE.UU.

Su situación contrasta con la de los migrantes latinos, mayoritariamente centroamericanos, que permanecen en un refugio sin ánimo de lucro en la zona norte de la ciudad de Tijuana. Ellos también huyen de la violencia en su país, pero se sienten olvidados y discriminados, con esperas que se alargan durante meses.

Denuncian que hay refugiados de primera y de segunda clase, y sostienen que su huida es similar puesto que tratan de dejar atrás la violencia de sus países que cada vez se parece más a una guerra, en esta ocasión contra las pandillas. Así lo atestiguan los testimonios recogidos por AFP.

Esta agilidad del paso de los refugiados ucranianos se produce cuando EE.UU. mantiene cerrada su frontera con México, en buena medida debido a las restricciones que aún se mantienen por la pandemia del coronavirus.

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Sin embargo, los cerca de 10.000 ucranianos que ya han llegado a Tijuana reciben un documento humanitario para poder ingresar legalmente a EE.UU., con el cual pueden permanecer hasta un año en el país. Una vez allí, tienen la posibilidad de decidir si quedarse, pedir asilo o solicitar algún otro tipo de visa.

Ahora, la Administración de Joe Biden se está planteando la eliminación del Título 42, una normativa que puso en marcha en 2020 el expresidente Donald Trump para, con la excusa de la salud pública, permitir expulsar a los migrantes llegados del sur, sin respetar su derecho a pedir asilo. De momento, esa ley sigue en vigor, pero no se aplica a los llegados desde Ucrania.

Así, se denuncia una política selectiva y que el interés en la salud pública no estaba detrás del Título 42, sino una cuestión racista, como lo evidenciaría que dicha normativa no se aplique a los ciudadanos ucranianos.