Este 1 de septiembre vence el plazo para que las empresas prestadoras de servicios especializados en México realicen su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como parte de la reforma en materia de ‘outsourcing’ —o tercerización— que eliminará los esquemas de subcontratación.

La medida busca que la mayoría de los trabajadores de una empresa realmente cuenten con los derechos que les corresponden y que solamente se subcontrate a aquellos que realizan obras ajenas a la actividad preponderante del empleador.

Las autoridades mexicanas prevén que entre 125.000 y 130.000 unidades logren su ingreso a este registro gubernamental, luego de que el Congreso aprobara una prórroga de un mes para la entrada en vigor de esta nueva ley.

En las últimas semanas, diariamente 3.000 empresas han iniciado su trámite, pero no todas han concluido, algunas porque tienen problemas técnicos para ingresar al sistema, y otras porque tienen adeudos con el fisco o el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Infracción y multas

En palabras de Marcelo Flores Serna, abogado y socio del despacho LBM, «las empresas que no se registren y las empresas que contraten empresas que no están registradas pueden llegar hasta un tema de defraudación fiscal».

Asimismo, precisó que las multas por el incumplimiento de las nuevas normas legales ascienden hasta los 250.000 dólares.

Hasta el momento, se ha sancionado a 25 empresas que han violado las reglas de la subcontratación con un monto total aproximado de 827.000 dólares, pero esta cifra podría ser superior en las próximas semanas.

¿Una nueva prórroga?

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Por esta razón, el sector empresarial pidió a los legisladores que el plazo para cumplir el trámite se amplíe nuevamente hasta enero de 2022, fecha en la que el sector público tiene para eliminar la figura de subcontratación de trabajadores. De lo contrario, las empresas podrán recurrir a amparos para evitar sanciones a corto plazo.

«Las noticias que tenemos en la Secretaria del Trabajo es que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, no están estudiando una ampliación más», manifestó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

«E insisto, más de 100.000 empresas han iniciado el registro en el Repse [Registro de Prestadores de Servicios], esto indica que los empresarios en México no están dando una batalla judicial contra la ley, sino están colaborando activamente para cumplir con ella», añadió.

Derechos de los trabajadores

A nivel global, se estima que hay 250 millones de personas trabajando bajo un esquema de subcontratación. En México, la cifra asciende a casi cinco millones de personas, lo que representa el 25 % del total de los trabajadores que cotizan en el seguro social.

Las cifras oficiales aseguran que al menos el 50 % de los trabajadores de las compañías de ‘outsourcing’ en México han migrado a una empresa operativa, e incluso, se reporta el incremento de empleadores.

Sin embargo, cerca de 800.000 trabajadores aún no han sido regularizados por sus jefes, lo que genera incertidumbre en estas personas.

«Pero los trabajadores indudablemente pueden solicitarle al patrón sus derechos y que hagan los cambios correspondientes», insiste Flores Serna.

Más que una reforma de justicia laboral, para algunos especialistas tiene un objetivo tributario, pues eliminaría la evasión fiscal que realizan algunas empresas, justamente a través de la subcontratación. Y, además, permitiría que un porcentaje mayor de mexicanos tuviera acceso a los derechos laborales que por ley les corresponden.

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