La justicia de Bolivia envió a prisión preventiva a Max Mendoza, el máximo líder universitario del país, quien por más de 30 años ha cursado distintas carreras universitarias sin graduarse en ninguna de ellas, y que ahora ha sido imputado por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones.

Mendoza, de 52 años de edad y detenido en Cochabamba desde el pasado sábado 21 de mayo, fue electo en 2018 como representante estudiantil de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), una institución pública de Bolivia con sede en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, a la que habría ingresado en 1989, según detalló el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Eddy Flores, citado por ABI.

En 2018, Mendoza también fue escogido como presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), una de las mayores autoridades del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), organismo constitucional encargado de velar por la programación, coordinación y ejecución de los planes trazados para el sistema universitario del país y que cuenta con financiamiento directo del Tesoro General de la Nación.

Según el fiscal Flores, Mendoza debía ocupar la presidencia de la CUB solamente por 30 días, pues su nombramiento fue como secretario nacional interino del CEUB, pero sus funciones en el cargo se extendieron hasta la actualidad, lo que lo habría hecho incurrir los delitos de conducta antieconómica al beneficiarse de manera irregular de un salario designado por el Estado y usurpar funciones de un cargo al que accedió como suplente, y en el que se perpetuó «sin cumplir los requisitos mínimos» para tal designación.

«El Ministerio Público ha sostenido que existe una conducta antieconómica por parte de este ciudadano, asimismo ha usurpado funciones tomando en cuenta que él no era el titular y estaba en suplencia legal«, dijo el fiscal, quien detalló que Mendoza cobró desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, 21.870 bolivianos (unos 3.176,92 dólares).

De momento, la justicia boliviana decidió que Mendoza, a quien también señalan de obtener beneficios económicos como viáticos, viajes al exterior, entre otros, deberá cumplir con prisión preventiva de seis meses en la cárcel capitalina de San Pedro, en La Paz. Sin embargo, la defensa de imputado informó que apeló la decisión al alegar que el acusado padece de diabetes tipo 2, motivo por el que pidieron que la medida cambie a detención domiciliaria.

Otras posibles imputaciones

Flores agregó que, con base en las investigaciones preliminares, Mendoza se habría inscrito en al menos dos carreras universitarias, Ingeniería y Derecho, desde que entró al sistema en 1989. De hecho, el vicerrector de la UMSS, Gerardo Carvajal, confirmó a medios locales que el acusado está inscrito en Derecho desde hace 25 años y que en 2021 solo cursó dos materias.

«Estamos en plena etapa de la investigación, la comisión de fiscales va a citar a diferentes ciudadanos, testigos o participes dentro del presente caso», dijo Flores y agregó que «en su momento» citarán a otros cinco coimputados e incluso podrán emitir orden de aprehensión si encuentran indicios de participación activa de los posibles involucrados en la comisión de los delitos.

«Estamos estructurando nuestra teoría del caso para poder establecer si existe la participación activa de otras personas, funcionarios o no dentro de esta casa superior de estudios, así como en la CEUB», señaló el fiscal, quien agregó que una vez hecha la imputación formal, tienen seis meses para hacer las averiguaciones.

Averiguaciones por presunta trata de personas

Este martes, el diputado boliviano Héctor Arce informó que enviará una Petición de Informe Escrito (PIE) a la Dirección General de Migración, para esclarecer los presuntos traslados irregulares de personas que habría ejecutado Mendoza al organizar viajes de grupos folklóricos bolivianos hacia EE.UU. y Europa.

«Que se nos informe cuántas veces [Mendoza] ha viajado al exterior, si ha viajado en representación de alguna institución, si ha viajado con delegaciones, necesitamos saber esta información para corroborar esta denuncia«, informó el legislador en declaraciones divulgadas por ABI.

Arce detalló que este fin de semana recibió documentos sobre los supuestos viajes internacionales que habría realizado Mendoza junto a delegaciones, conformadas de entre 20 a 25 personas, y que luego solo regresaban de 10 a 15 viajeros, una presunta irregularidad que le hace presumir que el dirigente estudiantil organizaba tráfico de personas.

«Aparentemente esta gente era trasladada por él, eso vamos a investigar, esa es la denuncia que nos ha llegado. Se presume que se ha hecho ese trabajo, que se cobraba a esas personas por ese traslado», dijo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien adelantó que de corroborar estos movimientos migratorios irregulares, presentará una nueva denuncia contra Mendoza.

Según medios locales, el caso de Mendoza se destapó a inicios de mayo, después de la muerte de cuatro universitarias que fueron víctimas de estampida masiva de personas tras la activación de una bomba lacrimógena dentro de un coliseo de la Universidad Tomás Frías de Potosí, cuando se efectuaba una asamblea estudiantil para elegir a los nuevos representantes de la Federación Universitaria Local (FUL).

El hecho, que conmocionó al país, dejó unos 70 heridos, un detenido y puso en el tapete las presuntas irregularidades dentro de la CEUB, al punto de registrarse protestas de estudiantes de distintas universidades en La Paz solicitando la expulsión de Mendoza de esa organización, al señalarlo de corrupto.