Más de dos millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos padecen el impacto negativo del encarcelamiento de sus padres y madres, lo que los expone a múltiples formas de violencia, efectos psicológicos de la separación y la discriminación y situaciones de exclusión social y de vulnerabilidad, reveló un informe realizado por organizaciones de derechos humanos.

«Presas en casa: Mujeres en arresto domiciliario en América Latina», es el título del documento que explica que, de esos dos millones de menores, por lo menos medio millón padece una situación de fragilidad debido al encarcelamiento de sus madres o padres por delitos menores de drogas no violentos, lo cual llama la atención sobre la necesidad de considerar las medidas alternativas a la prisión.

La investigación fue elaborada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Pro Bono, la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Los organismos explicaron que en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, los delitos relacionados con las drogas son los más comunes entre las mujeres, quienes están sobrerrepresentadas en comparación con los hombres.

Esto se recrudece en los casos de prisión preventiva para esa clase de delitos, ya que las mujeres acusadas tienen mayores probabilidades de ser puestas en prisión preventiva que los hombres.

Por ejemplo, si se toma en cuenta el universo total de detenciones, en Perú, Argentina y Uruguay, el porcentaje de mujeres presas de manera preventiva por delitos relacionados con drogas es del 54,5 %, 51,7 % y 23,0 %, respectivamente, lo que triplica a sus contrapartes hombres que representan el 19,3 %, 18,2 % y 7,4%.

En Colombia, el porcentaje de mujeres en esta situación es del 44,6 %, lo que representa más del doble que el de los hombres, que alcanza el 20,3 %.

Brasil y Colombia

El informe detalló el caso de Brasil, en donde en2018 se reformó la ley para favorecer la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario a mujeres privadas de la libertad embarazadas, que han dado a luz recientemente, o madres con hijos menores o con discapacidades bajo su custodia, independientemente del delito cometido.

De acuerdo con algunas estimaciones, estos cambios podrían haber beneficiado a unas 15.000 mujeres, lo que representa una cifra significativa para un país como Brasil, que cuenta con alrededor de 42.355 mujeres privadas de la libertad y que tiene la cuarta tasa más alta de encarcelamiento de mujeres del mundo.

Sin embargo, informes del 2019 indican que sólo 3.388 mujeres habían sido beneficiadas con la prisión domiciliaria, mientras que 5.012 más estaban a la espera de una decisión judicial.

La investigación enfatizó la necesidad de aplicar medidas alternativas de encarcelamiento, en particular cuando se trata de delitos relacionados con drogas, puesto que constituyen la primera causa de encarcelamiento de mujeres en América Latina.

Con respecto a Colombia, en general los delitos de drogas están excluidos de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, la prisión domiciliaria por el cultivo de planta ilícitas y el tráfico de cantidades menores puede imponerse después de que la persona haya cumplido la mitad de la pena.

Datos oficiales de Colombia del 2020 muestran que hay 32.547 personas en arresto domiciliario preventivo, de las cuales 5.810 (17,9%) son mujeres. De ellas, 2.453 han sido acusadas de conductas relacionadas con tráfico de estupefacientes.

La gravedad del impacto del punitivismo se refleja en el hecho de que, en las últimas dos décadas, la población penitenciaria en la región creció un 40,8 %, pero la de mujeres privadas de la libertad aumentado incluso más, hasta un 57,1 %.

Los factores claves detrás de este rápido crecimiento, advirtió el informe, incluyen la implementación de políticas represivas de drogas, así como la criminalización de comportamientos relacionados con la sexualidad y la reproducción.