A dos años del inicio de las históricas protestas que estallaron en Chile, miles de personas participan este lunes en protestas multitudinarias para recordar un proceso que derivó en un plebiscito y la elección de los convencionales que ya están redactando una nueva Constitución y que abrió la puerta a la renovación de la clase política de un país que era puesto como el ejemplo más exitoso de las políticas neoliberales en América Latina.

El estallido social derrumbó ese espejismo, ya que demostró el hartazgo social ante la profunda desigualdad generada por un modelo económico que en Chile favoreció la concentración de la riqueza en unas cuantas familias, incluida la del presidente Sebastián Piñera, quien hoy enfrenta la recta final de su mandato reprobado por la mayor parte de la ciudadanía, denunciado por violaciones a los derechos humanos, investigado penalmente y con la amenaza de un juicio político.

La Plaza Italia, en Santiago, que fue rebautizada como Plaza Dignidad por los manifestantes, es el epicentro de las celebraciones en torno a una de las protestas populares más importantes de los últimos años en América Latina.

La magnitud y consecuencias de las protestas eran inimaginables a principios de octubre de 2019, cuando estudiantes de secundaria comenzaron a saltarse los torniquetes del metro para protestar por el alza al precio de los pasajes.

«En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile: somos un verdadero oasis«, había presumido Piñera esos días. Los manifestantes no pensaban lo mismo. Las movilizaciones crecieron, se replicaron, y la noche del 18 de octubre terminaron de detonar con protestas masivas que incluyeron saqueos e incendios. Ya no eran solo los estudiantes, sino múltiples colectivos sociales los que exigían un cambio.

La respuesta del Estado fue a pura violencia: mientras los Carabineros reprimían a mansalva, el Gobierno decretaba estado de emergencia y toque de queda y desacreditaba a los manifestantes.

El saldo de esos meses aciagos fue de 34 muertos, miles de heridos –entre ellos más de 350 personas que quedaron mutiladas porque los policías les dispararon directo a los ojos– y alrededor de 2.500 detenidos que hoy son conocidos como «los presos de la revuelta» y por los que hay una campaña para que sean beneficiados con indultos, ya que son considerados presos políticos.

Por todos ellos todavía se espera justicia y reparación, ya que las investigaciones avanzan con lentitud. Este lunes, Amnistía Internacional reveló que de las 4.700 causas penales abiertas por violencia institucional, es decir, delitos cometidos por agentes del Estado, sólo ha habido tres condenas.

Transformaciones

La jornada por el segundo aniversario del estallido tiene una fuerte carga simbólica, ya que justo hoy los 155 convencionales que fueron elegidos en mayo pasado comenzaron a escribir la Constitución que sustituirá a la Carta Magna que todavía rige en Chile y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

Este será uno de los principales legados de las protestas que demostraron el desgaste de la clase política tradicional en Chile y que le abrieron paso a nuevos y diversos liderazgos.

En este proceso fue fundamental el plebiscito realizado en octubre pasado en el que un contundente 80 % de los votantes se pronunció a favor de dejar atrás la Constitución de la dictadura.

Luego, en mayo, vino la elección de los 155 convencionales constituyentes. Los grandes derrotados fueron los partidos tradicionales, porque el nuevo órgano, en el que se garantizaba paridad de género y cuotas de representación de los pueblos originarios, quedó integrado en su mayoría por militantes progresistas sin experiencias partidistas previas, entre ellos líderes feministas, barriales, ambientalistas, de derechos humanos, indígenas, activistas LGTBI y de todo tipo de causas sociales.

Otro símbolo de los históricos cambios chilenos fue la elección de la académica mapuche Elisa Loncón como presidenta de la Convención. Tal protagonismo de las mujeres y de las naciones indígenas era impensable hasta antes de octubre de 2019.

La Convención se instaló a principios de julio y deberán entregar el proyecto de la nueva Constitución a más tardar en julio de 2022. Entonces será sometida a un plebiscito y, si es aprobada, será promulgada por el sucesor de Piñera.

En campaña

El escenario político que enfrenta hoy Chile, con un joven diputado de izquierda de 34 años, Gabriel Boric, encabezando las encuestas rumbo a las presidenciales del próximo 21 de noviembre, también es resultado del estallido, porque demuestra una vez más el hastío que hay hacia los líderes y partidos predominantes.

Los principales reclamos se dirigen al oficialismo. Por eso, el candidato de Piñera, Sebastián Sichel, va perdiendo cada vez más intención de voto en las encuestas que al principio de la contienda lo ubicaban en el segundo lugar, y ahora lo desplazan hasta el tercero o cuarto.

Este lunes, ambos recordaron el 18 de octubre de 2019 pero con diferentes visiones. Boric, quien participó activamente en las protestas y es uno de los liderazgos emanados de esa etapa, advirtió que las movilizaciones se debieron a que el pueblo se cansó de los abusos. Sichel, por el contrario, lamentó que hayan ganado «los violentos» ante el fracaso de la clase política.

José Antonio Katz, el candidato de la ultraderecha que ha avanzado hasta el segundo lugar en las sondeos, coincidió con Sichel en que este no es un día de celebración sino de condena por el «estallido delictual».

La posición de Sichel y Katz está a tono con la versión de Piñera sobre lo ocurrido a partir de octubre de 2019, y que, en lugar de reconocer las demandas ciudadanas, suele repudiar los saqueos, quema de autos y destrozos en las calles. De hecho, el Gobierno difundió un documento en el que advirtió que no hay que olvidar que las protestas dejaron pérdidas por 3.000 millones de dólares.

Sobre las violaciones a los derechos humanos documentadas en informes oficiales nacionales e internacionales no hubo mención alguna por parte del oficialismo.

La debacle

Cuando ocurrió el estallido, Piñera llevaba año y medio en la presidencia. Desde entonces su popularidad se sumió en una debacle de la que nunca pudo recuperarse del todo. Dejó de ser mostrado como líder modelo de la derecha en América Latina, perdió las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales y alcaldes y votaciones clave en el Congreso, como las relativas a los retiros anticipados de las pensiones.

Falta de probidad y daños al honor de la nación: las acusaciones que enfrenta Piñera en la Cámara de Diputados de Chile por los Papeles de Pandora

Además, las protestas, marchas y cacerolazos en su contra no han cesado, ni siquiera durante las duras restricciones que impuso durante la pandemia.

Hoy, Piñera enfrenta este segundo aniversario de la crisis con encuestas que señalan que el balance negativo de su Gobierno supera el 80 %. Es uno de los presidentes peor evaluados de la región. Las represiones le han costado denuncias por crímenes de lesa humanidad en tribunales chilenos e internacionales.

El panorama para el mandatario empeoró a principios de octubre, cuando los Papeles de Pandora, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo de Piñera, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones.

El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de una guarida fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, pero la última cuota dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que le correspondía al Gobierno, lo que Piñera, que ya era presidente, efectivamente cumplió.

Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación penal en contra de Piñera, mientras que en el Congreso la oposición interpuso una Acusación Constitucional en la que se pide juicio político de destitución por falta de probidad y daños al honor de la nación.

De esta forma, el presidente enfrenta los últimos cinco meses de su mandato envuelto en una crisis de popularidad, sin credibilidad ni mayor respaldo social, y con la amenaza de una destitución que se acecha sobre él desde las protestas de 2019.

Cecilia González

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