Matteo Salvini, presidente del partido derechista Lega Nord, quien se desempeñó como vice primer ministro y ministro del Interior hasta septiembre de 2019, compareció este sábado ante un tribunal para la audiencia sobre los cargos de «secuestro agravado» de más de un centenar de migrantes que se le imputa.

El caso se relaciona con un incidente que tuvo lugar en julio de 2019, cuando Salvini se negó a permitir durante cinco días que 131 migrantes, incluidos 15 niños no acompañados, desembarcaran en Sicilia del buque guardacostas Gregoretti.

La audiencia judicial estuvo acompañada de mítines tanto en apoyo como en contra del político. Manifestantes de ambos lados marcharon por Catania, la segunda ciudad más grande de Sicilia, coreando consignas y portando pancartas apoyando o oponiéndose a Salvini en medio de una fuerte presencia policial.

Los manifestantes críticos acusan al ex vice primer ministro de violación de los derechos humanos. En un video de la agencia Ruptly, uno de ellos describió la retórica de Salvini como «principalmente basada en una idea preconcebida del racismo y las diferencias sociales». Mientras tanto, los partidarios del político insisten en que no hizo nada malo.

«¿Es posible que después de todos estos años sigamos siendo una colonia? ¿Que todavía tenemos que seguir a esta gente que desembarcará en Sicilia porque están convencidos de que un sándwich y una salchicha son suficientes para conseguir votos?», le dijo a Ruptly un manifestante a favor dee Salvini.

Gregoretti, el barco en cuestión, se mantuvo en el mar durante casi una semana y solo se le permitió desembarcar después de que Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Portugal accedieran a recibir a los migrantes. Si se lo encuentra culpable de los cargos de «secuestro», Salvini podría enfrentar hasta 15 años en la cárcel. También se le puede prohibir ocupar un cargo en el poder durante seis años.

Los fiscales creen que al negar la entrada al barco, Salvini violó la ley internacional que exige el cuidado de las personas rescatadas. Otro cargo alega que el exministro de Interior abusó de su poder al privar a los migrantes de su libertad personal. Mientras tanto, la defensa de Salvini insiste en que no actuó solo cuando ordenó cerrar el puerto siciliano, y que esa decisión fue tomada colectivamente por el Gobierno y que no era ilegal.

Los jueces de la audiencia preliminar tendrán que decidir si el caso es lo suficientemente sólido como para que se lleve a cabo un juicio completo. El político afirmó anteriormente a los medios: «Me declararé culpable de defender a Italia y a los italianos».

Ya se han convocado nuevas audiencias para noviembre y diciembre. Los jueces han citado como testigos al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, al ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, y al exministro de Infraestructura y Transporte, Danilo Toninelli. Los tres formaban parte del Gobierno de coalición en ese momento con Salvini.