La Plataforma en Defensa del Transporte ha anunciado una huelga indefinida de transportistas autónomos en España que comenzará el próximo lunes 14 de noviembre. Los convocantes exigen el cumplimiento de algunas de las medidas acordadas con el Gobierno para aliviar la presión económica sobre el sector.

Esta organización, que asegura aglutinar a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del transporte en el país, que suponen alrededor del 90 % del sector, fue la convocante del paro nacional el pasado mes de marzo, que ocasionó problemas de desabastecimiento de algunos productos, sobre todo frescos, en los supermercados.

Aquella protesta, que duró casi tres semanas, se saldó con un acuerdo con el Gobierno de España que recogía algunas medidas para paliar la situación de los transportistas. Además de la subvención de 20 céntimos por litro de combustible, se aprobó una partida de 450 millones de euros para ayudas directas, que se sumó a otras medidas aprobadas con anterioridad, como la prohibición de trabajar a pérdidas o mejoras en las condiciones de trabajo de los transportistas.

Sin embargo, la Plataforma denuncia el sistemático incumplimiento de estas medidas por parte de los cargadores, los clientes de los transportistas, sobre todo en lo concerniente a la prohibición de trabajar a pérdidas, y exigen al Ejecutivo medidas que refuercen la inspección y acaben con estas prácticas.

Según el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, ocho meses después los transportistas se encuentran en peor situación. «Exigimos que la ley recoja puntos que la hagan ser viable, que se controle de una manera eficaz por parte de la Administración, que se sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que se eliminen las exenciones que puedan haber para no denunciar a los incumplidores», ha sostenido en declaraciones a los medios.

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confía en que el paro indefinido no acabe produciéndose. En declaraciones a la televisión pública ha instado a los convocantes a la «responsabilidad» y ha insistido en que desde el Gobierno se está trabajando para que se cumpla lo pactado.

Así, Sánchez ha exhortado a denunciar los incumplimientos de la legislación. «Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros», ha afirmado la ministra, que también ha informado de que el Ministerio está ultimando un plan de Inspección que espera que esté listo en las próximas semanas.