Los hospitales públicos de España deberán garantizar el derecho al aborto, según recoge la reforma de la ley en esta materia, algo que no sucede en la actualidad en la mayoría de estos centros del país.

Según ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su comparecencia en el Congreso, esta será una de las novedades más relevantes. Así, todos los centros que cuenten con servicios de ginecología y obstetricia deberán garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en sus instalaciones y no se podrán acoger a la objeción de conciencia en bloque, ya que se trata de un derecho individual.

Aún así, Montero ha subrayado que la objeción de conciencia será respetada «escrupulosamente», haciéndola compatible con «el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos».

Otra de las novedades incluye la reintroducción del derecho de las mujeres de 16 y 17 años de proceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de contar con el consentimiento de sus tutores, algo que era obligatorio hasta ahora.

La nueva norma elimina además la exigencia de un periodo de reflexión obligatorio de tres días. «¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger el derecho a la salud?», se preguntaba la ministra sobre este extremo.

Así, con la entrada en vigor de la nueva norma, las mujeres que soliciten abortar deberán ser derivadas inmediatamente a un hospital «para acceder a este derecho por procedimiento de urgencia«, según las palabras de Montero.

La batalla para abortar en la sanidad pública española

El departamento que lidera Montero también tiene la intención de terminar con la obligatoriedad de entregar a las mujeres que quieren ejercer este derecho un sobre que contiene información que les insta a reflexionar sobre su decisión. Se pretende que esta documentación solo sea entregada a las mujeres que lo soliciten.

Las mujeres podrán decidir el método para interrumpir el embarazo después de recibir toda la información necesaria en el centro de salud. Además, se creará una línea de teléfono especializada en derechos sexuales y reproductivos, donde, entre otras cuestiones, podrán solventar todas sus dudas sobre este derecho.

En España tan solo el 16 % de los 88.000 abortos realizados en 2020 se llevaron a cabo en centros públicos. Además, en ese año no se registró ningún aborto en centros sanitarios públicos de cuatro Comunidades Autónomas: Castilla – La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia, lo que obliga a alrededor de 6.000 mujeres cada año a desplazarse a otra provincia o región para ejercer un derecho reconocido por las leyes.