El Consejo de Participación Ciudadana Transitoriodecidió este jueves 23 de agosto terminar los periodos de los jueces de la Corte Constitucional. La decisión se tomó porque supuestamente hubo falencias en su designación y no demostraron una independencia en sus funciones.

La cesación de los magistrados se tomó con el voto de cinco de los siete miembros del Consejo de Participación Transitorio. El único que se abstuvo fue el consejero Xavier Zabala, mientras que Luis Macas no acudió a la reunión.

Los jueces destituidos fueron Alfredo Ruiz (quien es el presidente del Tribunal), Pamela Martínez (vicepresidenta), Wendy Molina, Manuel Viteri, Roxana Silva, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni y Víctor Butiñá. A ellos todavía les queda la etapa de impugnación para tratar de frenar la decisión del Consejo de Transitorio.

Las presuntas irregularidades que detectaron los consejeros fueron que hubo un conflicto de intereses en la conformación de las Comisiones Calificadoras que designaron a los jueces de la Corte Constitucional del 2012 y de la renovación parcial del 2015.

De acuerdo, con el Consejo los candidatos que fueron designados como jueces no eran idóneos para el cargo. Además, que hubo discrecionalidad en la calificación de los méritos y no se permitió la participación ciudadana a través de veedurías.

El Consejo también cuestionó que no hubo independencia de la Corte con otras funciones del Estado, especialmente con el Ejecutivo. Uno de los casos más relevantes fue que los magistrados únicamente aprobaron las iniciativas de consulta popular impulsadas por el ex presidente Rafael Correa. Mientras que no se ha pronunciado aún en la propuesta presentada por Lenín Moreno y que se convirtió en la consulta popular de febrero pasado.

Asimismo se cuestionó el tiempo que tardaron los jueces constitucionales en resolver las causas, que podrían durar varios años en sus despachos.

En la tarde está previsto que el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente se vuelva a reunir, pero en esta ocasión tratarán el futuro de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Esta es una de las últimas instituciones que queda por evaluar. (I)