Desde el pasado lunes 13 de junio se vive en Ecuador un paro nacional indefinido, que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado otros colectivos sociales y ciudadanía en general.

Durante los días que han transcurrido se han incrementado las acciones de calle. Lo que comenzó con bloqueos en vías de varias provincias del país, se ha convertido en marchas y concentraciones en diferentes ciudades, tanto de la Sierra, como de la Costa y Amazonía; y ya se contabilizan muertos, heridos y detenidos, principalmente, según denuncian organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, por la represión policial y militar.

1. El detonante

El paro nacional inició luego de un año de un infructuoso diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso. En junio de 2021, apenas días después de que el mandatario asumiera la Presidencia, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) entregó al Ejecutivo un pliego de peticiones, posteriormente lo hizo la Conaie en agosto, con el objetivo de mitigar la crisis económica y fiscal que enfrenta el país.

El 4 de octubre y el 10 de noviembre hubo encuentros entre la Conaie y el presidente Lasso en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano. A finales de ese mes, el movimiento indígena resolvió no volver a la mesa, debido a la falta de respuesta del mandatario a lo planteado en los encuentros sostenidos previamente.

Así, luego de varios encontronazos verbales en los que Lasso llamó «anarquista» al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y este tildó al mandatario de «evasor de impuestos» y de tener una «actitud fascista», se llegó al actual paro nacional.

Desde la Conaie convocaron la movilización actual ante la «incapacidad y falta de voluntad» del Gobierno para responder a las demandas sociales. El paro incluyó 10 peticiones, que fueron entregadas al Ejecutivo: reducción y no más subida del precio de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de 4 millones de familias, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, salud y educación, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios y acciones públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.

Pero, el martes 14 de junio, el segundo día del paro nacional indefinido, se sumó una demanda más: la liberación de Iza. Esto, debido a que iniciando esa segunda jornada de protestas, el titular de la Conaie fue detenido, lo que avivó aún más el descontento.

Luego de 24 horas, Iza fue puesto bajo libertad condicional. Una jueza le impuso medidas cautelares, como la prohibición de abandonar el país y presentarse ante la Fiscalía los miércoles y viernes.

2. Las respuestas del Gobierno

La madrugada del martes 14 de junio, Lasso ofreció un primer mensaje al país, en el que se centró en los «actos vandálicos» de las movilizaciones.

Dos días después, el jueves 16 de junio, el mandatario, en otro mensaje, a pesar de las 10 peticiones de la Conaie, dijo que «no hay detonante» que justifique el paro nacional, a diferencia de octubre de 2019, cuando la eliminación del subsidio a los combustibles provocó un estallido social.

En su alocución, el mandatario señaló que han insistido en la disposición del Gobierno al diálogo; sin embargo, en el mismo discurso afirmó que están listos para «utilizar, dentro del marco de la ley, el uso progresivo de la fuerza» para «defender» a todos los que quieren «trabajar y prosperar en paz». Asimismo, insistió en que las movilizaciones han estado cargadas de «vandalismo».

El viernes, Lasso ofreció un mensaje más. Ahí anunció algunas medidas, en pro de «aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas». Estas incluyeron el aumento el bono de desarrollo humano, que se da a familias en condición de pobreza y pobreza extrema, de 50 a 55 dólares; duplicar el presupuesto a la educación intercultural, subsidiar hasta el 50 % el precio de la urea, condonación en BanEcuador de todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares, crédito agrícola de hasta 5.000 dólares al 1 % y 30 años de plazo, no privatizar servicios públicos y sectores estratégicos, declarar en emergencia el sistema de salud pública y no más alza del diésel, gas, y las gasolinas extra y ecopaís.

Pero ese mismo día, el mandatario estableció, mediante el Decreto Ejecutivo 455, un estado de excepción en tres provincias del país, concretamente en Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Cotopaxi, debido a las manifestaciones.

La decisión del Ejecutivo incluyó la declaratoria del Distrito Metropolitano de Quito como Zona de Seguridad, en el cual se estableció un toque de queda, que rige desde las 10:00 de la noche a las 05:00 de la mañana del siguiente día.

El lunes 20 de junio, cuando el Parlamento debatía sobre la medida y su posible anulación, el mandatario derogó el Decreto Ejecutivo 455 y emitió el 459, ampliando el estado de excepción a seis provincias. Así, a las tres primeras, se sumaron Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Las autoridades publicaron en Twitter una carta que Lasso envió a la Conaie, dando respuesta a las 10 demandas de la organización. Pero, desde el movimiento indígena, Iza señaló que se trata de «un documento con ideas generales e imprecisas».

3. Otro decreto que aumentó el descontento

Antes de esa ampliación del estado de excepción, el pasado sábado, en medio de la conmoción nacional por el paro, Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 457, en el que se establecen los «lineamientos para la optimización del gasto público».

El decreto, de 40 artículos, establece la reducción del gasto estatal y toca, entre otras cosas, los salarios de los funcionarios públicos, horas extra y contrataciones nuevas.

La emisión de este decreto dio un motivo más al paro nacional y sumó más sectores al descontento. Desde el Frente Unitario de Trabajadores rechazaron esta medida del Gobierno, al considerar que lo que busca es «despedir a los trabajadores».

El representante de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE), José Villavicencio, criticó que el presidente «declara en emergencia el sistema de salud luego de haber insistido durante un año, pero emite el decreto 457, donde establece que se desvinculará a trabajadores de la educación y la salud».

Entretanto, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) considera que «los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 hablan de que saldrán servidores públicos de las instituciones y empresas públicas. Esto atiza la sobreexplotación que ya está en curso dentro del servicio público».

4. La represión

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han hecho seguimiento a los acontecimientos en Ecuador desde que iniciaron las protestas.

Según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que agrupa a 15 organizaciones, hasta el martes 21 de junio recibieron 44 reportes de hechos que suponen violaciones de derechos humanos; y que hasta ese día se han registrado:

• Dos personas fallecidas en contexto de represión.
• 74 personas heridas, tres de ellas en estado crítico, cinco con lesiones oculares y una con amputación parcial de extremidad superior.
• 87 personas detenidas.

Sobre las dos personas que han perdido la vida, la Alianza informó que se trata de un joven de 22 años, identificado como Jhonny Saúl Félix Muenala; y un dirigente indígena de 42, de nombre Byron Holger Guatatuca Vargas.

Félix, según la Alianza, murió al caer a una quebrada el pasado domingo, en medio de una «fuerte represión por parte de policías y militares», durante el séptimo día del paro nacional, en el sector Collas, al norte de Quito; mientras que Guatatuca «fue impactado por una bomba lacrimógena en su cabeza», cuando protestaba en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza el martes.

La Policía Nacional ha negado la responsabilidad de sus agentes en estos hechos. Con relación a la muerte de Félix dijo que se trató de un accidente y en cuanto a Guatatuca informó que «se presume que la persona falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo».

Amnistía Internacional ha denunciado que en las manifestaciones se han registrado «hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos».

«La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019″, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Durante los días de las protestas se ha denunciado la irrupción de las fuerzas de seguridad a recintos universitarios, como a las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional, en Quito, que actúa como zona de paz para los indígenas que llegaron a la capital para protestar; y a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

La noche del martes, agentes de la Policía lanzaron varias bombas lacrimógenas a las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador (UCE), en Quito, donde desde el lunes se alojan cientos de indígenas que participan en las movilizaciones. Los artefactos fueron lanzados mientras los presentes celebraban el Inti Raymi, una fiesta andinade agradecimiento al sol que marca el inicio del tiempo de cosecha en la cosmovisión indígena.

Del otro lado, la Policía Nacional informó que hasta el martes 79 uniformados han resultado heridos, 27 han sido retenidos y liberados, y dos patrulleros han sido destruidos.

5. ¿Habrá diálogo?

El martes, una denominada Comisión Convocante, que estaría conformada por organizaciones de la sociedad civil, invitaron al diálogo al Gobierno y a la Conaie; negociación que contaría con el apoyo técnico de la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Leonidas Iza denuncia que hay «una infiltración» en las protestas en Ecuador para generar vandalismo

Lasso confirmó su asistencia. «Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país», escribió en su cuenta en Twitter, donde publicó la carta enviada a Humberto Salazar, de la Fundación Esquel, integrante de la Comisión Convocante.

Iza respondió a ese llamado al diálogo. Solicitó que, antes de dar paso a esa iniciativa, se den ciertas garantías, entre ellas derogar el Decreto Ejecutivo 459 que establece el estado de excepción y desmilitarizar el parque de El Arbolito en Quito, lugar donde suelen concentrarse las protestas.

«La política represiva del Gobierno se agudiza, de qué encuentro y diálogo habla si militariza las ciudades e impone el terror de la represión. Quiere un nuevo acercamiento pero da bala y gas a nuestra gente», señala la Conaie en un mensaje publicado en Twitter.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió a Iza, señalando que «el diálogo sincero no admite condiciones».

«Tenemos urgentes problemas que resolver y la violencia no es la forma. Así no», manifestó el funcionario en un mensaje que fue publicado este miércoles.

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