En América Latina y el Caribe hay más mujeres que varones. Y viven en condiciones más desfavorables, en una mayor pobreza, están más desempleadas y precarizadas y tienen más carga en las labores del hogar y en los cuidados de personas dependientes mientras las violencias machistas, que tienen en los femicidios su máxima expresión, no cesa.

Pero también están en pie de lucha para exigir la legalización del aborto, leyes en favor de la paridad en los tres poderes del Estado, contra el acoso sexual, programas de jubilación para amas de casa, cupos laborales travesti-trans y la defensa y protección de los territorios, entre muchas otras demandas.

Los reclamos, que en algunos casos incluirán jornadas de paro nacional de mujeres, son compartidos aunque en cada país adquieren su propia faceta acorde con el contexto político, económico y social; por los avances y retrocesos registrados y por la receptividad o resistencia de los gobiernos a la agenda feminista.

En los últimos años, la capacidad de organización de las mujeres se ha fortalecido. Así lo demostrarán en las marchas multitudinarias que llevarán a cabo en cientos de ciudades latinoamericanas y caribeñas para denunciar la desigualdad, exigir derechos e impulsar la revolución feminista que recorre al mundo.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Carible (Cepal), en la región hay alrededor de 665 millones de habitantes, de los cuales 338 millones son mujeres. Superan en 11 millones a la población masculina.

Sin embargo, tienen una menor inserción en el trabajo formal. La tasa de participación laboral de las mujeres es de un 46 % frente al 69 % de los hombres. Es decir que trabaja menos de la mitad de las mujeres que están en condiciones de hacerlo.

Uno de los principales motivos es que deben quedarse en casa para cuidar a niños y personas mayores. De ahí el lema: «No es amor: es trabajo no pago».

Pandemia

La crisis sanitaria de los últimos dos años ha tenido un particular componente de género.

El resultado es que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza. Son 23 millones más que las que había en 2019.

Ello, a pesar de que, de acuerdo con reportes de la Cepal, forman parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia, ya que el 73 % de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres que han debido enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales y, por supuesto, el mayor riego de contagiarse. Además, son contratadas en los puestos de menor calificación e ingresos.

A esto se le suma la persistencia de la discriminación salarial, ya que las mujeres que trabajan en la salud ganan hasta un 40 % menos que los hombres aunque realicen las mismas tareas y tengan igual o mayor capacitación.

Lo mismo ocurre en la educación, ya que el 69 % de las personas docentes son mujeres y tuvieron que adaptarse a modalidades no presenciales que les exigieron una mayor carga de trabajo. Una de cada tres ni siquiera cotiza ni está afiliada a la seguridad social.

Otro rubro altamente afectado por la pandemia es el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza por una alta precarización, informalidad y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota. Y que en un 92% es realizado por mujeres, de las cuales, tres de cada cuatro no cuentan con ningún tipo de cobertura social.

En 2019, este sector empleaba a 13 millones de mujeres (el 11,1 % de las ocupadas en la región). Pero en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación cayeron prácticamente a la mitad en Chile, Colombia y Costa Rica; un 33 % en México y un 25 % en Brasil.

Ingresos

La CEPAL alerta que el 57 % de las mujeres en América Latina y el 54 % en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores que tendrán más efectos negativos en términos del empleo e ingresos a causa de la pandemia.

La contundente salida de las mujeres del mercado de trabajo, advierte el organismo, representa un retroceso de 18 años en los niveles de su participación en la fuerza laboral. Aunque se estima que en 2021 la tasa de participación se incrementó a un 50 %, en realidad es una cifra similar a la que se alcanzó en 2016. Los niveles están lejos de recuperarse.

Los datos empeoran si se toma en cuenta la edad. La tasa del desempleo de las mujeres de entre 15 y 24 años es del 30 % en contraste con el 13 % de los varones.

Uno de los datos más alarmantes de la Cepal es que, de no haber transferencias del Estado a través de programas sociales, más de un tercio de las mujeres de la región no habría tenido ingresos propios durante la pandemia. Es decir, habría todavía más mujeres en condiciones de pobreza.

Por otra parte, cada tanto, el asesinato de una mujer en América Latina y el Caribe genera una conmoción por el grado de saña y crueldad con el que se cometen estos crímenes. En la mayoría de los casos, el responsable es su pareja o expareja.

En 2020, dice la Cepal, por lo menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países de la región. Aunque representa una disminución de 10,6 por ciento con respecto a 2019, cuando se reportaron 4.576 casos, en realidad no representa ningún alivio porque a diario hay mujeres acribilladas, acuchilladas, descuartizadas, encajueladas, tiradas muertas en los basureros.

Logros

A fines de diciembre de 2020, Argentina hizo historia al aprobar la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, un derecho que ya estaba vigente en Cuba y en Uruguay.

Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó por completo el aborto en el país. Hasta entonces, esta práctica ya estaba despenalizada en la capital, que fue pionera al aprobar la ley en 2007.

Desde entonces se había recrudeció la resistencia de los grupos conservadores, pero en los últimos dos años y medio, la «marea verde» logró la despenalización de manera paulatina en los estados de Oaxaca, Baja California, Veracruz, Hidalgo y Colima. El reto ahora es que los 26 estados restantes cumplan con el fallo de la Corte.

En febrero de este año, Colombia se sumó a estas reformas, pero con una innovación con respecto a periodo de gestación despenalizado.

La Corte Constitucional decidió que no es delito interrumpir de manera voluntaria el embarazo hasta la semana 24. Después de ese plazo, regirán las tres causales, es decir que se podrá abortar si el embarazo es producto de una violación o incesto, si está en peligro la vida de la madre o persona gestante o por malformación del feto.

En el resto de los países latinoamericanos y caribeños los activismos feministas siguen peleando por este derecho. El panorama más complejo es en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, en donde está prohibido por completo, con penas de prisión efectiva para las mujeres.

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