Los cuatro hechos clave que revelan que el embajador de EE.UU. Ken Salazar no es «amigo» de López Obrador
La primera semana de julio causó revuelo un artículo publicado en The New York Times donde se argumentaba, palabras más, palabras menos, que la relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el embajador de EE.UU., Ken Salazar, era demasiado «cercana».
A grado tal, sostenía el rotativo estadounidense, que Salazar se había prácticamente convertido en un ‘paladín’ de la agenda de López Obrador y su denominada ‘Cuarta Transformación’, en detrimento de su propio Gobierno.
Las acciones, a contrapelo de las afirmaciones contenidas en el texto, apuntan en un sentido distinto. De hecho, contrastan con las declaraciones del propio AMLO, quien lo considera no solamente un «hombre bueno» y «sensato», sino hasta un «amigo».
Y es que desde que llegó a la embajada de EE.UU. en México, en septiembre del año pasado, Salazar no ha sino defendido los intereses de la administración de Joe Biden y empresas norteamericanas. Para muestra, cuatro hechos clave durante su gestión.
1. Sabotaje de la reforma eléctrica
En febrero de este año, Salazar afirmó que la iniciativa del presidente López Obrador en materia eléctrica, propiciaba la generación de «energías sucias» y el uso de tecnologías «anticuadas» y «caras». Los consumidores, advirtió, serían quienes cargarían con «mayores costos».
La iniciativa no sufrió cambios. El embajador de EE.UU. en México tuvo que convocar a John Kerry, una de las ‘cartas fuertes’ de la administración de Joe Biden, quien funge como enviado especial para asuntos climáticos, para que lo ayudara a convencer al inquilino del Palacio Nacional.
Esta semana EE.UU. solicitó la activación del mecanismo de consultas del T-MEC por considerar que la política energética de la denominada ‘Cuarta Transformación’ «incumple las reglas» del pacto comercial.
En las reuniones, Salazar intentó persuadir al mandatario de eliminar de la reforma constitucional los elementos que, a su juicio, atentaban contra los intereses de las empresas de EE.UU., por ejemplo, la cancelación de los contratos de autoabasto. Pero ni Salazar ni John Kerry consiguieron que se hicieran ajustes.
A la postre, la reforma constitucional no fue aprobada, empero, el presidente mexicano logró rescatar varios puntos clave, entre ellos, la denominada ‘nacionalización’ del litio, a través de una reforma a leyes secundarias.
Con todo y el rechazo de la reforma constitucional, la más importante presentada hasta ahora en el sexenio, desde Washington persiste el recelo con respecto a la política energética de su vecino del Sur.
La Suprema Corte de Justicia ha dejado sin validez varios de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, una reforma a leyes secundarias aprobada en 2021.
Sobre la resolución de la Corte, Salazar hizo público su rechazo el 7 de abril a través de un comunicado de prensa donde, además de expresar su «preocupación» sobre esta Ley, anticipaba «litigios sin fin». Y así sucedió.
Esta semana el Gobierno de EE.UU. solicitó la activación del mecanismo de consultas del T-MEC (suscrito entre México, EE.UU. y Canadá) por considerar que la política energética de la denominada ‘Cuarta Transformación’ «incumple las reglas» del pacto comercial.
La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, sostiene que en México se «socava a empresas estadounidenses» con el objetivo de beneficiar a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Pemex). Evidentemente, Salazar hará parte de esta batalla contra el Gobierno de López Obrador.
2. Sin respuesta sobre financiamiento de la USAID a «opositores»
Desde mayo del año pasado el presidente López Obrador solicitó una explicación al Gobierno de Joe Biden sobre el desempeño de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID, por sus siglas en inglés).
Sucede que en aquel momento se dio a conocer que la USAID había financiado durante varios años a una asociación civil que el Gobierno mexicano considera «opositora»: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta organización, integrada por un equipo de académicos y periodistas de investigación, había venido publicando una serie de reportajes sobre supuestos actos de corrupción en el Gobierno federal.
Varios de estos trabajos periodísticos fueron refutados en las conferencias de prensa del presidente López Obrador, quien desde entonces acusó a la organización de dedicarse a «desacreditar» a su Gobierno y estar al servicio de los intereses de un «bloque conservador».
El embajador Ken Salazar no ha sido capaz, hasta la fecha, de conseguir una explicación por parte de su Gobierno. A más de 14 meses de distancia, López Obrador continúa a la espera de una respuesta por parte de la Administración Biden.
Cuando el mandatario reprochó el financiamiento de la USAID a MCCI, el presidente ejecutivo de la asociación civil era Claudio X. González Guajardo, un magnate y filántropo —»traficante de influencias», según AMLO—quien, desde marzo de 2021, había convocado a los líderes de los partidos de la oposición para convencerlos de establecer una gran alianza electoral, con vistas a derrotar al oficialismo en las elecciones intermedias.
Las reuniones con los presidentes de los partidos del viejo régimen se realizaban en la mansión de González Guajardo quien, cabe destacar, no tenía permitido tomar partido en política de forma abierta dada su cargo: presidente ejecutivo de una asociación civil que asegura no tener fines partidistas.
Cuando el presidente mexicano manifestó su inconformidad por el desempeño de la USAID, los desembolsos a favor de MCCI con los que se contaba con información correspondían a los años 2018, 2019 y 2020.
El año pasado, con todo y la queja por parte de AMLO, la USAID volvió a financiar a MCCI por un total de 741.347 dólares (unos 15 millones de pesos mexicanos). La información no trascendió en los medios de comunicación nacionales. Para este año aún no hay información actualizada en la base de datos de la institución estadounidense.
Llama la atención que el embajador Ken Salazar no ha sido capaz, hasta la fecha, de conseguir una explicación por parte de su Gobierno. A más de 14 meses de distancia, el presidente López Obrador continúa a la espera de una respuesta por parte de la Administración Biden.
3. Ni un dólar para el desarrollo del sureste mexicano y Centroamérica
Uno de los temas más punzantes entre México y EE.UU., la migración, sigue sin ser atendido por el Gobierno de Joe Biden.
O por lo menos no lo ha sido conforme a los términos en los que se comprometió con la administración de López Obrador tan pronto se instaló en la Casa Blanca, a principios de 2021.
En aquel momento, Joe Biden, igual que su antecesor, Donald Trump, aceptó fomentar el desarrollo de la economía de los países que integran el denominado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), así como la región del sureste mexicano.
Si bien los Gobiernos de AMLO y Joe Biden están de acuerdo en que es urgente adoptar un «nuevo enfoque» en materia de migración, existen notables diferencias en torno a los ejes que deben guiar una estrategia alternativa.
El compromiso se hizo tras una conversación telefónica con el mandatario mexicano, quien puso énfasis en la necesidad de atender las «causas» del fenómeno migratorio, en lugar de aplicar una política de ‘mano dura’ en la frontera.
El presidente Biden aceptó invertir unos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, estos recursos todavía no han sido desembolsados. Ni un solo dólar. López Obrador ya se lo reprochó.
A principios de mayo de este año, el mandatario mexicano aseveró que le resultaba «inexplicable» que Washington no cumpliera su palabra y, en cambio, gastara 30.000 millones de dólares para «apoyar» a Ucrania. Fomentar la guerra en lugar de «generación de bienestar», lamentó.
Si bien los Gobiernos de AMLO y Joe Biden están de acuerdo en que es urgente adoptar un «nuevo enfoque» en materia de migración, más ahora que los flujos van en aumento, existen notables diferencias en torno a los ejes que deben guiar una estrategia alternativa.
Para el presidente López Obrador la clave está en la puesta en marcha de programas sociales (por ejemplo, Sembrando Vida), como mecanismos de apoyo para las personas que deciden abandonar sus países de origen, bien sea por la pobreza, bien sea por la violencia, la delincuencia y el crimen organizado.
En contraste, la estrategia del presidente Joe Biden consiste en fomentar inversiones de empresas estadounidenses en nichos considerados rentables.
En cuanto a la política social, más que suministrar recursos a través de los programas impulsados por el Gobierno de México, hasta ahora la prioridad sigue siendo ampliar la cooperación con fundaciones y organizaciones no gubernamentales, así como fortalecer el rol de la USAID.
Ken Salazar, en su papel de embajador de EE.UU. en México, no ha logrado comprometer a su país, en los hechos, a enfrentar el fenómeno migratorio bajo un enfoque distinto. Discursos van y vienen, pero los recursos prometidos por su Gobierno brillan por su ausencia.
4. Cumbre de las Américas con exclusiones
En materia de política exterior, cuando el mandatario mexicano ha convocado a Washington a modificar una postura, hasta el momento no ha encontrado en Ken Salazar un aliado.
El acontecimiento más reciente, la organización de la IX Cumbre de las Américas. Semanas antes de este evento, el presidente López Obrador cuestionó que el Gobierno de Joe Biden no invitara a todos los países del Continente.
El inquilino del Palacio Nacional incluso amagó con no asistir al encuentro y enviar una representación, en caso de que no se convocara a todos los Gobiernos de América Latina y el Caribe.
Todo parece indicar que los encuentros en el Palacio Nacional tuvieron como objetivo emplazar al mandatario mexicano a que asistiera a Washington, no llegar a un acuerdo que tomara en cuenta su propuesta de evitar exclusiones.
Como en otras ocasiones, el Gobierno de EE.UU. marginó de la reunión a los países que, considera, «no están comprometidos con la democracia ni con el respeto de los derechos humanos»: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Ante la postura del presidente López Obrador, en un primer momento hubo silencio en la Casa Blanca.
En un segundo momento, funcionarios de la Administración Biden puntualizaron que «aún no se había tomado una decisión final» sobre los invitados, dejando entrever que, de último momento, podría haber un cambio de postura.
Durante los días en los que el presidente López Obrador cuestionó la posición de EE.UU. desde las conferencias de prensa matutinas, el embajador Salazar mantuvo encuentros con el mandatario mexicano con el ánimo de «dialogar» sobre el tema.
Salazar, sin embargo, quien presume tener una relación «muy cercana» y hasta de «amistad» con el presidente Joe Biden, no hizo mucho por persuadir al inquilino de la Casa Blanca para que modificara su postura.
Todo parece indicar que los encuentros en el Palacio Nacional tuvieron como objetivo emplazar al mandatario mexicano a que asistiera a Washington, no llegar a un acuerdo que tomara en cuenta su propuesta de evitar exclusiones.
Para EE.UU. los «enemigos de la democracia y los derechos humanos» siguen siendo los mismos y, por lo tanto, no existe posibilidad de establecer diálogo. Sobre una Cumbre de las Américas sin exclusiones, Salazar prestó ‘oídos sordos’.
Finalmente, el presidente López Obrador no asistió al evento y el Gobierno de EE.UU. no hizo mayores comentarios. El tema tampoco se retomó este mes durante la visita de AMLO a Washington, donde se reunió con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
Ariel Noyola Rodríguez
@noyola_ariel
