El presidente de Liberia, George Weah, declaró este 11 de septiembre la violación como una emergencia nacional y ha introducido nuevas medidas para abordar el problema tras un reciente aumento de los casos de este delito en el país. Las medidas consisten en la creación de la figura de un fiscal especial para los casos de violación, así como un registro nacional de delincuentes sexuales y un grupo de trabajo de seguridad nacional sobre violencia sexual y de género, además de la asignación de 2 millones de dólares a la lucha para detener la violencia sexual en ese Estado de África occidental.

Por otra parte, el presidente llevó a cabo la primera conferencia nacional sobre violencia sexual y de género, reconociendo que se está «presenciando lo que en realidad es una epidemia de violaciones dentro de la pandemia, que afecta principalmente a niños y niñas de todo el país».

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«Este llamado urgente a la acción es en respuesta a un aumento alarmante de las violaciones y la violencia sexual y de género en los últimos tiempos, especialmente durante un momento en que estamos en guerra con la mortal pandemia de covid-19″, señaló Weah, prometiendo la introducción de medidas adicionales, como una orden ejecutiva para proteger a los vulnerables y prohibir prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina.

Alarmantes cifras

La adopción de estas medidas tuvo lugar después de que miles de liberianos organizaran manifestaciones para denunciar los crecientes casos de violación y llamar la atención hacia el problema. Según los activistas, desde que empezó la pandemia se han producido más de 900 casos de violación contra mujeres y niñas, incluidos actos de sodomía contra hombres menores de edad.

Los activistas están presionando a los legisladores liberianos para que enmienden la ley de violación con el fin de garantizar un castigo más severo para los violadores convictos, ya que actualmente la violación es un delito no sujeto a fianza y los perpetradores no tienen acceso a la libertad condicional mientras cumplen la pena de prisión. Denuncian también que en algunos casos esto hace imposible que una víctima de una falsa acusación demuestre su inocencia. «Los acusados ​​de violación deben ser puestos bajo fianza y una vez que sean declarados culpables deben ser condenados a cadena perpetua. Esa sería una buena ley y yo la firmaré», comunicó el legislador del condado de Nimba, Samuel G. Kogar.

Por su parte, Margaret Taylor, directora de la Red de Empoderamiento de las Mujeres de Liberia, afirmó el mes pasado que su ONG había registrado 600 casos de violación entre junio y agosto, y se contabilizó un aumento de entre 80 y 100 casos en mayo. Asimismo, las estadísticas de la Oficina de Correcciones del Ministerio de Justicia revelaron que entre los meses de enero y junio se elaboraron más de 600 informes de agresión agravada, sodomía, sodomía con intención delictiva y violación.

Mientras tanto, un informe de la ONU de 2016 registró 803 casos de violación el año anterior y señaló que solo el 2 % de los casos de violencia sexual condujeron a una condena. Según comunicó el organismo mundial, el problema actual se desencadenó a causa de la sensación de impunidad resultante y el legado de los 14 años de guerra civil entre 1989 y 2003, cuando la violación era un lugar común.

Actualmente, Liberia ocupa el 177 lugar entre 188 países en el Índice de Igualdad de Género anual.