La decisión del Gobierno de Colombia de no recibir aún a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido viajar a ese país para constatar la situación de los derechos humanos durante las protestas, ha generado fuertes críticas entre sectores políticos opositores, organizaciones civiles y manifestantes.

La entrante canciller colombiana, Martha Lucía Ramírez, inició su gestión diplomática con un viaje a EE.UU. en medio de los exhortos del Gobierno de ese país sobre la actuación de los cuerpos policiales para contener las movilizaciones.

El lunes, Ramírez se reunió en Washington con miembros de la CIDH «para abordar la situación de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en las protestas y los actos de violencia registrados», según una publicación del organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este encuentro ocurrió después de que el pasado 14 de mayo la CIDH pidiera permiso a Bogotá para hacer una «visita de trabajo» para «observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales». La respuesta llegó casi diez días después de la solicitud.

En su estadía en Washington, la canciller también sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA y aliado político, Luis Almagro, quien ha manejado con pinzas el tema de la violencia policial en las manifestaciones. En un tuit, el titular del organismo aseveró que dialogó con Ramírez «sobre la situación actual de Colombia» y sobre «la necesidad de reafirmar los derechos humanos del pueblo colombiano».

«Las visitas son bienvenidas, pero todavía no»

Una vez terminado el encuentro con Almagro, la canciller dijo a los medios que, aunque «todas las visitas son bienvenidas», «en este momento» consideran «que todavía no«, porque «hay que esperar a que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) acaben de hacer su tarea».

Según Ramírez, cuando se investiguen «cada uno de los casos» y se organice un plan, tanto el secretario de la OEA como la CIDH podrán viajar a Colombia en las próximas semanas. «El Gobierno tiene la determinación de que ningún caso quede en el aire ni en la impunidad», declaró.

Desde que se iniciaron las protestas en Colombia, hace casi un mes, Almagro ha pedido que las partes en conflicto se sienten a dialogar. En sus publicaciones en las redes no se ha plegado totalmente a la línea de la CIDH y ha condenado los delitos cometidos por los organismos de seguridad, pero también los bloqueos hechos por los manifestantes y la actuación de «aquellos que han convertido la protesta en vandalismo con acciones de naturaleza terrorista«.

¿Cuáles son las exigencias de la CIDH?

Casi desde el inicio de las movilizaciones el órgano perteneciente a la OEA ha manifestado su preocupación por las «personas fallecidas, heridas, detenciones arbitrarias y denuncias de violencia sexual en el marco de las protestas» y ha pedido al Estado colombiano investigar las denuncias que involucran a los agentes de seguridad.

La CIDH, según refiere, ha recibido denuncias sobre «presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales (…) personas desaparecidas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas».

Además, asevera que ha recibido información sobre «agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado».

Su propuesta de ir a Colombia, que tendrá que ser postergada por un plazo aún desconocido, la hizo tras recibir «miles de solicitudes» por parte de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas y representantes políticos «para llevar a cabo una visita de observación a fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos».

Una vez que pueda trasladarse a territorio colombiano tiene previsto mantener reuniones con «autoridades del Estado, sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos y otros actores relevantes».

Recibimiento de la canciller

No todos los encuentros de Ramírez en su primera jornada en Washington han sido distendidos. En un video que se hizo viral en las redes se aprecia el momento en el que es confrontada por un grupo de manifestantes que le pide explicaciones por los casos de supuestos desaparecidos, le recrimina la actuación de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y le reclama que deje entrar a la CIDH al país suramericano.

«Todos tenemos el mismo interés por el progreso de Colombia dentro de la ley, con respeto por los ciudadanos, por las diferencias, por los derechos humanos. Ese es el compromiso y tenemos que trabajar para que el respeto sea lo que impere», dijo ante los presentes.

Ante esa respuesta, varias voces presentes afirmaron que no podía existir respeto si había denuncias de abusos sexuales, mutilaciones y violación de los derechos humanos. En medio de la increpación de las personas, la máxima representante de la diplomacia colombiana dijo que en su país no podía haber «connivencia con ningún tipo de violación a nadie».

Pero no solo estos manifestantes han expresado su rechazo a la postergación de la visita, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, decenas de organismos de la defensa de los derechos humanos en Colombia y políticos de distintas tendencias también lo han hecho.

Ejecuciones extrajudiciales, ‘casas de pique’ y fosas comunes: denuncian la desaparición de 120 manifestantes en Cali

Este viaje de Ramírez al país aliado tiene como telón de fondo las declaraciones recientes de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien agradeció el anuncio del Gobierno colombiano de «investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía» y alentó a las autoridades para que «sigan trabajando para localizar a todas las personas desaparecidas lo antes posible».

El pasado lunes, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó durante el debate parlamentario de moción de censura en su contra que se investiga la desaparición de 129 personas durante las protestas. Distintos colectivos de defensa de los derechos humanos manejan otros números y han alertado sobre 120 desapariciones solamente en la ciudad de Cali, además de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones forzadas y un registro de 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, según la ONG Temblores.

Frente a la situación de Colombia, a mediados de mayo, un grupo de 55 congresistas estadounidenses envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, donde pedían que la Fuerza Pública pusieran fin «a todo uso indebido a la fuerza» y que EE.UU. suspendiese la asistencia directa a ese país y la venta de armas y equipamiento al ESMAD.

Nathali Gómez

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