El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que existen dudas legales sobre la convocatoria de una consulta ciudadana para decidir si deben ser juzgados los expresidentes del país por delitos de corrupción.

El problema principal radica en la existencia de una traba legal, ya que los exmandatarios cuentan con fuero y actualmente solo pueden ser juzgados por «traición a la patria».

A principios de esta semana, López Obrador planteó tres escenarios en los que se podría solicitar una consulta ciudadana para decidir si se debe o no juzgar a expresidentes. Ese día, incluso, señaló que él mismo podría enviar la solicitud, que tendría que ser aprobada por el Congreso y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, existen muchas dudas sobre la viabilidad legal de dicha iniciativa.

«Tiene que analizarse bien», dijo López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles, luego de que una periodista le preguntara si la Presidencia ya había realizado un análisis jurídico sobre este asunto.

«Los constituyentes de 1917, a pesar de que hicieron muchísimas cosas, le quitaron lo del delito electoral y dejaron que solo se podía juzgar [a presidentes] por traición a la patria. Así está hasta ahora. Eso se va a modificar. Ya envié mi iniciativa, no han querido aprobarla. Pero espero que ya, a principios de septiembre, se quite ese fuero y que al presidente de México se le pueda juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano», agregó el mandatario.

Desde diciembre de 2018, días después de asumir el cargo, López Obrador envió una iniciativa de ley, que se encuentra atorada en el Congreso, para que los presidentes en funciones y sus antecesores puedan ser enjuiciados por delitos electorales y desvíos millonarios.

El plazo legal para solicitar la consulta ciudadana vence a más tardar el 15 de septiembre próximo.

Las críticas

Algunos analistas han observado algunos problemas legales para la realización de la consulta. Uno de ellos es que no se pueden someter a consulta temas que afectan derechos humanos de otras personas, en este caso el derecho a la presunción de inocencia, según consideró el consultor y exconsejero electoral, Luis Carlos Ugalde.

«Someter a consulta si se debe juzgar a una persona es afectar el derecho a la presunción de inocencia y violentar el debido proceso», comentó el analista. «Además de que la consulta no procede, salvo Enrique Peña Nieto, en el resto de los expresidentes cualquier delito cometido ya habría prescrito«, agregó.

En un sentido similar se pronunció José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, sin embargo, consideró que el tema es «muy interesante» desde un punto de vista jurídico.

López Obrador no descarta la posibilidad de convocar a una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes: «Es democracia»

«¿Hasta qué grado puede quedar vinculada la Fiscalía General de la República para iniciar una carpeta de investigación a partir de lo que haya determinado la ciudadanía democráticamente?», planteó el exministro de la Corte en entrevista con Aristegui Noticias.

Según su opinión, en caso de que la Corte aprobara dicha consulta, los alcances jurídicos serían mínimos, ya que si la gente decidiera enjuiciar a expresidentes, la Fiscalía simplemente tendría que abrir una carpeta de investigación.

«Al final del día me parece que es un acto político muy importante pero de consecuencias jurídicas pequeñitas», afirmó Cossío.

De ahí las complicaciones legales para que López Obrador pueda llevar a cabo el proceso de la consulta ciudadana a más tardar el 15 de septiembre.