La Justicia de Argentina avanza en la investigación por el supuesto espionaje ilegal que el Gobierno de Mauricio Macri habría realizado contra rivales políticos, periodistas, dirigentes sociales, líderes religiosos, jueces y hasta miembros de su propia administración, a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La lista es todavía más extensa, e incluye a exfuncionarios del kirchnerismo que fueron encarcelados por presuntos hechos de corrupción, aunque en su mayoría sin condena. El peronismo ‘K’ siempre se refirió a ellos como «presos políticos», llevados al encierro como parte del ‘lawfare’ (guerra judicial) que denunciaron sus referentes desde que Macri llegó al poder.

Hace dos semanas, el juez Federico Villena, de los tribunales de Lomas de Zamora, ordenóun allanamiento en la cárcel de Ezeiza, Buenos Aires, en el pabellón creado especialmente por el macrismo para este tipo de detenidos, al que llamó IRIC (intervención para la reducción de índices de corruptibilidad).

Según reveló el diario Página 12, durante el procedimientose descubrieron micrófonos, cámaras y cables de transmisión de datos, todo para espiar a los detenidos y escuchar sus conversaciones telefónicas desde el penal.

A su vez, se confirmaron operaciones de inteligencia en el Instituto Patria, la sede desde donde la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner organizaba, durante la gestión anterior, el armado del Frente de Todos, el espacio de unidad peronista que luego triunfó en las elecciones de octubre pasado. También, en inmediaciones del domicilio de la exmandataria, que denunció al macrismo de «asociación ilícita» por espionaje.

La información, obtenida de forma irregular, le era remitida a la excoordinadora de Documentación Presidencial en la Casa Rosada, Susana Martinengo, cuyo domicilio fue allanado por la Justicia y podría ser detenida en las próximas horas. Fuentes cercanas a Mauricio Macri aseguraron al diario La Nación que el expresidente no sabe quién es Martinengo. Dijeron que «ni siquiera la conoce», pero tenía una oficina en la Casa Rosada desde donde cumplía su rol como funcionaria.

Incluso, una foto que circula en las redes sociales muestra al líder de Juntos por el Cambio junto a su pequeña hija Antonia y Martinengo. La desmentida, y en especial el gesto de la niña en la imagen, fue motivo de burlas y memes en internet.

El exjefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, detenido el pasado fin de semana, admitió al declarar ante la Justicia que hizo tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y la vivienda de Cristina Kirchner, aunque aseguró que fueron acciones que «estaban justificadas legalmente».

Sin embargo, Ruiz está imputado por presunta violación de la ley de inteligencia y falsedad de los documentos públicos, que justificarían esas tareas de espionaje. De acuerdo al testimonio, las órdenes para esos operativos emanaban directamente de Silvia Majdalani, la exsubdirectora la AFI, detrás de quien fuera titular del organismo, Gustavo Arribas.

«Seguir peronistas»

El curso de la investigación parece conducir cada vez más hacia los altos mandos del Gobierno de Macri. La semana pasada, otro exespía, Jorge ‘Turco’ Sáez, dijo ante la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso, que fue el propio Gustavo Arribas, amigo personal del expresidente, quien dio la orden de «laburar [trabajar] en la política» y «seguir a los peronistas», según informó la agencia Télam.

En su declaración, Sáez también confirmó el espionaje a los presos del pabellón del IRIC, una tarea que, según sus dichos, se realizó en coordinación con el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal.

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La ‘Mesa judicial’ del macrismo

El accionar no autorizado de los servicios de inteligencia tiene conexión con otra causa en la que se investiga la existencia de una ‘mesa judicial’ durante el anterior gobierno. Se sospecha que la administración macrista tenía injerencia directa en la Justicia, presionaba a jueces, empresarios y exfuncionarios, y armaba causas falsas, que hacía públicas a través de los medios oficialistas.

La denuncia, presentada de legisladores del Frente de Todos, incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.

El fiscal federal a cargo del caso, Ramiro González, ya imputó a al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, y al anterior jefe de Gabinete y hombre clave de la gestión pasada, Marcos Peña.

A su vez, en relación a la causa de espionaje, el juez Villena ordenó el jueves un allanamiento en el domicilio del exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, como uno de los posibles autores de las directivas para las maniobras. La trama judicial se abre paso, y los caminos apuntan al expresidente como un aparente responsable.

Emmanuel Gentile

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