Este miércoles Colombia vive una nueva jornada de paro nacional en medio de una fuerte tensión social y política, que ha dejado por lo menos 19 muertes y cientos de heridos en el contexto de las protestas multitudinarias que comenzaron hace una semana.

En este panorama convulso, el Gobierno ha defendido la actuación policial, cuestionada por los organismos de defensa de los derechos humanos, y ha llamado a un nuevo proceso de diálogo.

Tras una semana de movilizaciones, en las redes han circulado numerosos videos y testimonios donde se han denunciado acciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra civiles en algunas ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

Ante estos señalamientos, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales han alertado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, cuya actuación también fue cuestionada durante el paro nacional de 2019, el primero convocado después de tres décadas sin protestas simultáneas en varias ciudades.

Muerte de 19 personas

Hasta ahora, la Defensoría del Pueblo ha registrado la muerte de 19 personas y 800 heridos. Además, ha recibido 89 denuncias relacionadas con ciudadanos desaparecidos.

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales contabilizan1.443 casos de violencia policial, 226 víctimas de violencia física y 31 víctimas de «violencia homicida policial».

En medio de esta crisis generada por las protestas, el Ejecutivo ha ofrecido abrir un espacio para el diálogo de todos los sectores, que ha sido solicitado también por actores políticos y por países que mantienen estrecha relación con el Gobierno de Iván Duque, entre ellos EE .UU.

¿Cuáles son las nuevas peticiones?

En esta segunda jornada de paro nacional, al cumplirse una semana de la primera convocatoria, las peticiones de los organizadores han sido recogidas en un pliego de emergencia, donde figuran los siguientes reclamos:

• Retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, que es criticado por haberse creado de manera inconsulta y por fomentar la privatización de ese sector.
• Renta básica para los trabajadores más afectados durante la pandemia.
• Defensa de la producción nacional.
• Matrícula gratuita para los estudiantes.
• Derogación del decreto que abre paso a las aspersiones aéreas con glifosato, aprobado recientemente por Duque, a pesar de los cuestionamientos de grupos ambientales.

Actuación policial, en la mira

La actuación policial durante las manifestaciones, criticada ampliamente por los sectores relacionados con los derechos humanos, ha sido defendida por el Gobierno como una forma de evitar «acciones vandálicas» y de «terrorismo».

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre el «uso excesivo de la fuerza» por parte de los agentes, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, principal organizadora del paro, se refiere a la «brutalidad de las fuerzas represivas del Estado de corte fascista», según un comunicado.

A pesar de estos cuestionamientos, el presidente Iván Duque defendió el accionar de los cuerpos de seguridad y pidió a los colombianos apoyar a la Fuerza Pública y «exigir mayor rigor en el cumplimiento de su misión constitucional». Además, se comprometió a «impulsar las investigaciones internas y con los organismos de control».

Por otro lado, la actuación del Ministerio de Defensa, que coordina las acciones de los cuerpos policiales, se ve nuevamente cuestionada por el Legislativo, que presentó una propuesta de debate para aplicar una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, por «violaciones de derechos humanos».

Agentes heridos

La acción de grupos de choque en medio de hechos aislados de violencia en algunas localidades también ha sido denunciada por la cartera de Defensa.

En un balance presentado por Molano, se informa de 579 policías lesionados en disturbios, de los cuales 25 están hospitalizados. Además, ha habido ataques con arma de fuego a tres estaciones policiales en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas, sin víctimas mortales.

La Defensoría del Pueblo también ha denunciado estos ataques, que en la jornada de protestas del martes se saldaron con 26 policías heridos, «6 de ellos de gravedad quemados y 1 con arma de fuego».

Para determinar a los presuntos responsables de los hechos de violencia que han afectado tanto a la población civil como a la militar, la Procuraduría y la Fiscalía abrieron 29 investigaciones disciplinarias, siete investigaciones penales y cinco ordenadas por la Justicia Penal Militar.

Las autoridades, además, reportan la captura de 515 personas, de las cuales 15 son extranjeras, según informó Molano.

Llamado al diálogo

En frente de una crisis política que conllevó el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, tras una semana de fuerte presión social, el mandatario convocó a un diálogo.

Esta propuesta de acercamiento con diversos sectores de la sociedad colombiana fue solicitada previamente por figuras como el expresidente e impulsor del Acuerdo de Paz, Juan Manuel Santos, y por aliados del país suramericano como Canadá, Reino Unido y EE.UU.

El mandatario colombiano dijo que estas conversaciones son «un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones» sin que medien las «diferencias ideológicas» ni «algún tipo de sesgos», a pesar de que ya los grupos guerrilleros han sido responsabilizados de los hechos de violencia en Cali.

Aunque en esta convocatoria al diálogo Duque ha hecho una invitación a todos los sectores nacionales, los organizadores de la protesta de 2019 afirman que aún no ha cumplido con los compromisos establecidos en esa primera ronda de conversaciones.

¿Quién está detrás?

El paro nacional y las manifestaciones sucesivas han sido organizados por colectivos sociales, sindicales, campesinos, indígenas, afros y educativos, entre otros. Durante las concentraciones y marchas, que se han desarrollado de manera pacífica en su gran mayoría, ha habido hechos aislados de alteración del orden público en la capital colombiana y en otras ciudades.

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El Gobierno ha sentado su posición sobre la razón de los disturbios y ha dicho que detrás de estas acciones hay «organizaciones criminales» que han sido aupadas por «las aspiraciones de algunos».

El mandatario se ha referido a «vándalos, criminales, terroristas de baja intensidad» que «se mimetizan» con quienes protestan. Por su parte, los manifestantes han señalado al Gobierno de «criminalizar» sus movilizaciones.

Además de los daños sobre las estructuras públicas causado por grupos de choque, el Ejecutivo ha dicho que los bloqueos de las vías han impedido el abastecimiento de alimentos y la circulación de vacunas y de oxígeno.

En cuanto a Cali, donde se han registrado las mayores alteraciones del orden público, el fiscal general, Francisco Barboza Delgado, informó que luego de investigaciones se determinó que los «desórdenes y hechos vandálicos» tendrían una relación con estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Nathali Gómez

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