La Red de Sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Chile reforzó su campaña para que el Estado cree una Comisión de la Verdad que abra la puerta a un proceso de reparación, justicia y memoria en favor de cientos de víctimas que en su mayoría fueron agredidas cuando eran menores de edad.

Aunque la propuesta existe desde hace años, ahora se intensificó ante la posibilidad de que el presidente Gabriel Boric, quien ha condenado públicamente los abusos de la Iglesia Católica, impulse la iniciativa.

De acuerdo con el detallado mapa realizado por la Red, en Chile hay por lo menos 371 personas acusadas y que forman parte de 34 órdenes religiosas. Entre ellas se encuentran cuatro cardenales, 27 obispos, 186 sacerdotes, párrocos y diocesanos; tres capellanes y 15 diáconos.

También hay 48 autoridades, ya sean cancilleres, monseñores, directores de colegios, hogares y seminarios, vicarios y superiores; 68 hermanos hermanas y 20 laicos, profesores, catequistas o ministros extraordinarios.

En su informe, que incluye nombre y apellido de todos los acusados, la organización advierte que solo se denuncia entre el 4% y el 6% de estos delitos, y que apenas una tercera parte de las víctimas logra acusar a sus abusadores.

«Los sobrevivientes que reúne esta Red somos personas que en nuestra niñez, juventud o siendo adultos hemos sufrido abuso de poder, abuso de conciencia, abuso sexual, por parte de sacerdotes, religiosas, laicos, en entornos eclesiásticos», señala la Red en su portal.

«También somos los que hemos padecido el encubrimiento sistemático de parte de la iglesia católica durante décadas, al proteger a estos delincuentes cambiándolos una y otra vez de ciudades y de países, escondiéndolos de la justicia e incluso disfrazando esa impunidad bajo la apariencia de un ‘castigo’ (…) somos los que día a día recordamos a los que han partido sin ver justicia, que se han suicidado al no soportar más las secuelas de este delito. En nombre de ellos también damos nuestra lucha», recuerdan.

Dolor y organización

Denuncian, además, que no son ellos quienes tendrían que realizar un mapa de delitos, ya que esa es una tarea del Estado. Por otra parte, reconocen que de a poco la sociedad está comprendiendo que no un tema entre el abusador y la persona abusada, ni un problema privado entre quien denuncia y la Iglesia Católica.

«Es una violación flagrante de los Derechos Humanos de niñas, niños, adolescentes y adultos que deja secuelas que nos han marcado de por vida, este imperfecto mapa que hoy regalamos a la sociedad chilena es un grito coral que rompe el silencio. Muchos de nosotros dimos nuestro testimonio una y mil veces en los medios buscando concientizar, sensibilizar, alertar al país de crímenes sistemáticos… ojalá un día sea solo parte de la memoria de los delitos aberrantes cometidos en suelo chileno. Pero todavía estamos muy lejos de que así sea», lamentan.

Tras padecer los abusos, añaden, «cada uno de nosotros se pensó como aquel trapo viejo que el delincuente abandonaba en un rincón luego de satisfacerse. Se creía solo, encarcelado en una jaula de dolor eterno, padeciendo. Lo que fuimos descubriendo luego es que el daño permanente que recibimos también afectó a nuestras familias y las secuelas de ese crimen nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Somos un problema de salud pública«.

Por eso, advierten que si el Estado no actúa con firmeza, se convertirá en cómplice de violaciones a los derechos humanos y los sobrevivientes tendrán que recurrir a cortes internacionales.

La Red apoyó el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales de Chile e impulsa toda regulación que ponga fin a los privilegios que mantiene la Iglesia Católica, pero uno de sus objetivos fundamentales es la creación de una Comisión de la Verdad que investigue de manera independiente y a gran escala los abusos eclesiásticos.

En este sentido es crucial la voluntad política del presidente, ya que tiene la facultad de conformar este tipo de comisiones que luego pueden enviar sus conclusiones al Poder Judicial para que se lleven a cabo los procesos correspondientes.

Desafío

En 1990, el expresidente Patricio Aylwin creó por decreto la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que investigó los crímenes de derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).

Una década después, el expresidente Ricardo Lagos impulsó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que ahondó en los delitos de lesa humanidad de la dictadura.

Ahora, Boric podría conformar la Comisión de la Verdad sobre abusos eclesiásticos en un país en el que estos delitos son recurrentes, al igual que en el resto del mundo, debido en gran parte a la protección que la Iglesia Católica les brinda a los abusadores.

A principios de este mes, durante una gira de trabajo, el presidente se mostró partidario de esta iniciativa. «Siempre tenemos que estar del lado de las víctimas», afirmó al revelar que ya se ha reunido con varias agrupaciones con las que el Gobierno debe trabajar en conjunto para que haya justicia.

«No quiero anunciar algo que no está suficientemente trabajado, pero a mí me hace sentido [crear una Comisión de la Verdad] porque el sufrimiento es muy grande. Estoy disponible a que desde el Estado trabajemos en una alternativa que dé acogida a las víctimas, que no se sientan desprotegidas», señaló.

En esos momentos acababa de estallar uno de los escándalos más recientes que involucran a representantes eclesiásticos, luego de que una mujer denunciara que Felipe Berríos, un influyente y famoso sacerdote de la Compañía de Jesús, había abusado de ella cuando era una niña.

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Antecedentes

El primer caso que conmocionó al país fue el de Fernando Karadima, un sacerdote que tenía fuertes y públicos vínculos con poderosos empresarios y políticos. En 2004, algunas víctimas comenzaron a interponer denuncias en su contra por abusos sexuales. Hubo personas que incluso declararon en televisión, lo que mediatizó el caso.

Para entonces, Karadima ya tenía 80 años. Después de décadas de protección, una investigación canónica lo encontró culpable, pero sus crímenes no pudieron ser condenados judicialmente porque ya habían prescrito.

En 2018, el Papa Francisco reavivó el escándalo ya que, durante una gira a Chile, defendió al cura al considerar que había sido calumniado. Al final, tuvo que pedir unas inéditas disculpas.

«He incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada», señaló en una carta. Sin embargo, la cooperación de las autoridades eclesiásticas con el Poder Judicial sigue siendo escasa.