La Procuraduría General de Colombia pidió explicaciones a las Fuerzas Militares sobre el operativo realizado el pasado lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, que dejó 11 muertos presentados por el Gobierno como disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque diversas organizaciones aseguran que eran civiles.

En una carta, firmada por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, le piden al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, aclarar lo sucedido, puesto que la información que brindó el Ejército y el Ministerio de Defensa «resulta altamente contradictoria» con la que ofrecieron las organizaciones sociales.

Las autoridades aseguraron que los asesinados eran miembros del grupo armado ilegal residual ‘Frente 48’, que delinque en la zona. Incluso el mandatario colombiano, Iván Duque, publicó al respecto en su cuenta en Twitter.

No obstante, la Procuraduría recibió información de la Fundación Red de Derechos Humanos del campesinado del Putumayo, y de otras agrupaciones, que desmienten esos datos. De acuerdo con las organizaciones, cita la institución, «las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos».

Asimismo, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), que calificó la acción como «falsos positivos», informó que entre las víctimas fatales se encuentra la autoridad indígena y gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche.