La exigencia de presentar el pasado judicial legalizado a los venezolanos es una medida que antes se expidió para la población colombiana.

Esa decisión se sustentó en la necesidad de verificar quiénes ingresan al país.

Para la Defensoría del Pueblo esta resolución atenta contra los principios constitucionales de libre movilidad y pone en peligro a los migrantes.

“Exigir el pasado judicial a los venezolanos podría agravar la crisis, pues ante la dificultad para acceder a ese documento se fomentaría la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, dijo la defensora del Pueblo, Gina Benavides.

Esta entidad junto con la Conferencia Episcopal y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos pidieron al presidente Lenín Moreno que dé marcha atrás en esa medida.

El Gobierno sustenta la decisión en la necesidad de mantener un control de las personas que ingresan, por eso pidieron a las autoridades venezolanas que compartan la información de las personas que tengan cuentas con la justicia.

No obstante en Rumichaca ya empezaron a pedir el documento judicial apostillado. (I)