La ONU pide que se desmantele el «racismo sistémico» y que se ponga fin a la impunidad de los crímenes raciales

Este 28 de junio se publicó un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se insta a los países de todo el mundo a hacer más para ayudar a poner fin a la discriminación, la violencia y el racismo sistémico contra los afrodescendientes.

El informe fue solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante una sesión especial celebrada el año pasado tras el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de Policía en EE.UU.

La expresidenta chilena señala en el reporte que la fuerza policial excesiva de perfil racial está arraigada en gran parte de América del Norte, Europa y América Latina, por lo que les pide a los Estados que desmantelen la discriminación y procesen a los funcionarios que cometan crímenes contra los afrodescendientes, cuando su trabajo es protegerlos y hacer cumplir la ley.

«Exhorto a los Estados a que dejen de negar y comiencen a desmantelar el racismo, a que pongan fin a la impunidad y fomenten la confianza, a que escuchen las voces de las personas afrodescendientes, a que afronten los legados del pasado y procuren una justicia reparadora», dijo Bachelet en un comunicado en video que acompañó la publicación del informe.

El reporte sostiene que la movilización mundial a favor de la justicia racial ha forzado un reconocimiento largamente postergado del racismo y ha recentrado los debates en la naturaleza sistémica de este fenómeno y en las instituciones que lo perpetran.

«El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica», afirmó Bachelet. «Es preciso aplicar una estrategia de amplio espectro y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. Necesitamos un enfoque transformador que aborde los ámbitos interconectados que impulsan el racismo y desembocan reiteradamente en tragedias que podrían evitarse, como la muerte de George Floyd».

En el informe también se señala que «la deshumanización de las personas afrodescendientes […] ha reforzado y fomentado la tolerancia hacia la discriminación racial, la desigualdad y la violencia» y que dicha discriminación está más vigente en países donde anteriormente existía la esclavitud de este sector de la población.

En el reporte se examinaron 190 casos de muertes de afrodescendientes a manos de autoridades del orden que «rara vez rinden cuentas» por sus crímenes, en parte debido a deficiencias en la investigación de esos actos, la carencia de una supervisión sólida e independiente y de dispositivos de denuncia y rendición de cuentas, así como a una «presunción de culpabilidad» generalizada que pesa sobre las personas afrodescendientes.

«El racismo y la discriminación racial contra los africanos y los afrodescendientes a menudo tienen sus raíces en políticas y prácticas basadas en la degradación del estatus de los individuos en la sociedad», se menciona en el informe.

Además, Bachelet sugiere que la compensación monetaria a las víctimas de crímenes raciales no es suficiente, ya que debe formar parte de una serie de medidas para ayudar a rectificar o compensar las injusticias.