La ONU ofrece analizar el caso Saraguro
Las cuatro figuras penales más comunes de las que se acusa a los detenidos durante protestas sociales son: ataque y resistencia, paralización de servicio público, incitación a la discordia y sabatoje y terrorismo.
En los registros de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) constan los nombres de 122 personas que supuestamente enfrentaron un proceso investigativo desde agosto. De ese total, el 87% es indígena.
Ellos participaron en manifestaciones como el paro nacional, el levantamiento indígena y las protestas contra las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea.
En la lista de dirigentes que enfrentan un proceso judicial consta Herrera, el asambleísta José Acacho, Pedro Mashiant; Franco Viteri, presidente de Confeniae; Agustín Wachapá, presidente de Ficsh, y Bolívar Wasump, presidente de los Achuar. También Jaime Vargas, líder Achuar; Rómulo Akachu, vicepresidente de la Conaie, Jaramillo Saúl y Nawech Ankuash Luis.
Para Luis Saavedra, director de Inredh, se trata de un ataque sistemático a las organizaciones sociales y a las personas más vulnerables.
La Conaie alista un informe general sobre la “criminalización de la protesta social”, que está previsto sea publicado a finales de este mes, junto con Inredh. Según las organizaciones que han trabajado en el documento, hay más de 700 perseguidos políticos y procesados desde el inicio del Gobierno.
Pero el Gobierno ve las manifestaciones de los indígenas de otra forma. El Presidente está convencido de que ellos quieren imponer sus condiciones “con base en la fuerza, el paro y la violencia”. Durante el paro de agosto, Correa afirmó: “los violentos tratarán de victimizarse” y que cuando cometan un delito argumentarán que el Gobierno está criminalizando la protesta social.o solo la Conaie y otras organizaciones locales denuncian represión y persecución judicial y política en Ecuador.
El último informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de octubre, da cuenta de la vulneración de garantías judiciales en la utilización del derecho penal para neutralizar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como también “en la notable impunidad de las agresiones de las que han sido víctimas”.
