La representante de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, advirtió este martes que la ley aprobada por la Asamblea Nacional ecuatoriana, que permite el aborto en caso de violación, puede resultar restrictiva porque plantea plazos «relativamente cortos» para ejercer ese derecho.

«La solución, que rebaja bastante el número de semanas en las cuales se podrá realizar la interrupción del embarazo, puede restringir el ejercicio del derecho«, dijo Badilla en una entrevista con EFE, al hacer referencia sobre la legislación aprobada a mediados de febrero pasado y que aún requiere el visto bueno del Ejecutivo, que en un lapso no mayor a 30 días debe presentar sus observaciones o ponerla en vigor.

Aunque el aborto en caso de violación ya había sido despenalizado por la Corte Constitucional ecuatoriana, el Parlamento trabajó en una normativa —aprobada con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones— que generó más polémica, debido a que los plazos para el procedimiento de interrupción del embarazo son tan cortos que una mujer podría no darse cuenta de que está embarazada.

El Parlamento de Ecuador aprueba el proyecto de ley que permite el aborto en caso de violación

Según el texto definitivo, el plazo para la interrupción del embarazo en el caso de las mujeres adultas es de un máximo de 12 semanas; y para niñas, adolescentes, mujeres «en la ruralidad y pueblos y nacionalidades», el máximo es de 18 semanas. La discusión en torno a los plazos fue la que dilató la aprobación de la ley en el Parlamento, pues previamente se habían fijado en hasta 28 semanas de gestación para las mujeres adultas y sin plazo para las menores.

En su momento, la ponente del proyecto, la legisladora Johanna Moreira, advirtió que los plazos aprobados impedirán que las mujeres de los sectores vulnerables accedan al aborto, pues «muchas no se dan cuenta de que están embarazadas hasta la semana 20».

El mismo día que fue aprobada la normativa, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, que pedía una «ley justa y reparadora», criticó a la Asamblea por los plazos que estableció y señaló al Legislativo por negociar con «los derechos de niñas, adolescentes y mujeres», y de generar «dolor, vergüenza y decepción«.

Posición presidencial

Este martes, en el Día Mundial de la Mujer, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que la próxima semana dará a conocer su opinión sobre la ley, aunque reafirmó su mirada conservadora respecto al aborto.

«Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo he dicho públicamente en varias entrevistas», señaló durante su enlace semanal ‘Encontrémonos por la ciudadanía’.

«Por responsabilidad, tengo que llenarme de razones para firmar un documento, hacerlo con absoluto sentido de responsabilidad. Lo que les puedo decir es que estoy trabajando, pensando en ustedes, pensando en todos los ecuatorianos y la próxima semana, con mucho gusto haré pública la posición mía respecto de ese proyecto de ley», manifestó.

De todos modos, añadió que, como presidente de la República, debe considerar, «en este caso puntual, el dictamen de la Corte Constitucional», que en abril del 2021 despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violación.

Eliminar los plazos

Para Surkuna, una de las organizaciones que integra la Alianza, la imposición de los plazos «restrictivos» para acceder al aborto obligará, por ejemplo, a que alrededor del 80% de niñas, adolescentes y mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas sobrevivientes de violación se vean obligadas a continuar un embarazo no deseado.

Por esta razón, Surkuna instó este martes —a través de un comunicado público— a que Lasso establezca una «ley justa y reparadora» que elimine los plazos para acceder a la interrupción del embarazo en los casos de violación, para que todas las mujeres que sean víctimas de estos crímenes puedan hacerlo con «dignidad y seguridad».

Por otro lado, la organización Familia Ecuador, que se opone a la ley al defender «el derecho a la vida», lleva adelante un proceso de recolección de firmas para exigir un veto presidencial, fundamentado principalmente en declaraciones dadas a finales de enero por el presidente Lasso, cuando dijo que si el proyecto de ley era aprobado, sería «vetado por el Ejecutivo«.

El proyecto que discutió la Asamblea ecuatoriana, por mandato también de la Corte Constitucional, fue entregado al Parlamento por la Defensoría del Pueblo en junio del 2021.