El proceso constitucional de Chile enfrenta un momento de incertidumbre después de que varias encuestas revelaran un rechazo mayoritario a la nueva Carta Magna en el plebiscito que se realizará el 4 de septiembre.

Ese día, la ciudadanía deberá responder si avala o no la Constitución que el 4 de julio del año pasado comenzaron a redactar los 155 convencionales que fueron electos por el voto popular, y que apunta a sustituir a la que rige actualmente y que es herencia del régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet.

Durante los primeros meses posteriores a su instalación, la Convención contaba con altos niveles de aprobación que han ido decayendo. Las alarmas se encendieron este mes, ya que las consultoras Cadem, Pulso Ciudadano y Feedbak Research coincidieron en que, por primera vez, la posibilidad de la respuesta «rechazo» supera (con niveles que van del 36 % al 46 %) al «apruebo» (que oscila entre 32 % y 41 %).

Si la nueva Constitución finalmente se rechaza, representará un duro revés en el proceso de transformación que comenzó en Chile en octubre de 2019, con el estallido social que debilitó por completo al Gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que encontró en la elección de los convencionales un cauce democrático e institucional para superar la crisis política.

El presidente Gabriel Boric, cuyo triunfo electoral en diciembre del año pasado fue resultado de las históricas y masivas protestas de 2019, ya reconoció su preocupación por los resultados de las encuestas, por lo que convocó a los convencionales a realizar las modificaciones que sean necesarias.

«Los sondeos son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso constituyente, para los que creemos que es necesario», dijo a principios de abril durante una gira que realizó en Buenos Aires y en la que analizó a qué se debe la pérdida de confianza en la Convención Constitucional.

Temores

«La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar la culpa solamente a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso, mi llamado es buscar la mayor transversabilidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro (…) hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora», añadió Boric en medio de las quejas de sectores de derecha, ultraderecha y centro izquierda que denuncian que la mayoría progresista de la Convención impone sus propuestas.

El presidente reafirmó su respeto por la autonomía de la Convención, pero también aclaró que no se trata de un proceso que impacte solo en su gestión, sino en el futuro de Chile sin importar quién gobierne, por lo que entre los convencionales debe predominar una mirada de largo plazo.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó a las preocupaciones del oficialismo y advirtió que sería muy lamentable que ganara el «rechazo»,por lo que tanto el Poder Ejecutivo como los convencionales y los medios de comunicación pueden hacer más por valorar el proceso constituyente.

«Nosotros no somos neutrales, en eso hemos sido sumamente claros porque nos la hemos jugado por este proceso, y no solo desde que hicimos campaña por el ‘apruebo’, sino que desde mucho antes hemos abogado, peleado y luchado por lo que tenemos ahora: la posibilidad de que en democracia redactemos una nueva Constitución de manera paritaria y con los pueblos originarios», dijo.

El exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, fue todavía más contundente. «Si gana el ‘rechazo’, seguirá vigente la Constitución de 1980, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos tener una crisis política y social importante«, alertó al defender el trabajo que ha realizado el órgano redactor y que debe concluir el próximo 5 de julio, es decir, un año después de su instalación.

Avances

Ahora, a menos de tres meses de que culmine su trabajo, la Convención ya ha redactado 243 artículos divididos en 6 capítulos relativos a la democracia (facultades del presidente y de los ministros, sistema electoral), principios constitucionales, estado regional (división territorial y reconocimiento de la plurinacionalidad), derechos fundamentales (identidad, libertad, sexuales y reproductivos, de asociación), medio ambiente y crisis climática y sistema de Justicia.

La Convención, que fue electa en mayo del año pasado, quedó integrada en su mayoría por partidos y organizaciones de izquierda o progresistas independientes que postularon a una nueva generación de líderes que desplazaron a la clase política tradicional chilena.

Feministas, ambientalistas y activistas de la diversidad sexual y de los derechos humanos en general tienen predominio en un órgano que, en su diseño, contempló la equidad de género y cuotas para los pueblos indígenas; y que hasta ahora eligió a dos mujeres como presidentas: la intelectual mapuche Elisa Loncón y la investigadora María Elisa Quinteros Cáceres.

Durante sus primeros meses de existencia, la Convención se dedicó a definir un reglamento interno y los integrantes de 10 comisiones.

Todo ello les demandó meses de trabajo, lo que generó ansiedad y críticas en gran parte de los medios y en ciudadanos que querían ver lo más pronto posible avances en la redacción de los artículos.

También se enfrentaron a una intensa y negativa campaña mediática que se combinó con la incapacidad del órgano para dar a conocer adecuadamente el trabajo que han llevado a cabo, así como los debates y los acuerdos que finalmente quedan plasmados en los artículos.

«Lo que veo con más claridad es el tema comunicacional, no es fácil porque es un proceso de alta complejidad», reconoció la presidenta María Elisa Quinteros al realizar una autocrítica.

En el Gobierno y en la Convención confían en que, pese a los vaticinios negativos de las encuestas, una vez que se dé a conocer el texto completo y ordenado en julio próximo, la ciudadanía tendrá dos meses para analizarlo y, finalmente, apoyarlo.

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