A mediados de este año, cuando Colombia aún pasaba la resaca de las protestas que dejaron más de 60 muertos por la represión policial, la Embajada de Reino Unido en Bogotá decidió invertir 31.000 libras esterlinas (42.300 dólares, aproximadamente) en un programa de relaciones públicas que le ayudara a «establecer nuevas redes de influencia» en el país suramericano.

Una investigación realizada por el portal Declassified, que habría tenido acceso a documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que el objetivo de ese programa era «mejorar la percepción» de Reino Unido en Colombia. Para ello, entre 2019 y 2020, Londres invirtió más de 8.000 dólares en un estudio de «análisis de percepción de poder blando» en esa nación.

Ese paso previo, que coincidió con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, le ayudó a la embajada británica a encontrar un «enfoque eficaz» para la campaña puertas afuera, mientras, en paralelo, Londres continuaba su programa de entrenamiento a la Policía colombiana, severamente cuestionada por sus prácticas represivas durante las sangrientas manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.

El lado ‘verde’ del poder blando

Las encuestas de opinión dejaron claro que el ‘soft power’ de Reino Unido debía apuntar al medio ambiente, por lo que se decidió el lanzamiento oficial de un programa bilateral denominado UKCOL2021 en junio de este año.

«Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1825, el Reino Unido ha sido un aliado histórico para Colombia. Hoy es nuestro tercer inversionista más importante y su compromiso con nuestro país se refleja en la contribución y participación en distintas iniciativas sociales y ambientales», dijo entonces el viceministro de relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, durante el anuncio de ese programa.

«Nuestra fuerte alianza con Colombia refleja nuestro compromiso de una mejor reconstrucción a partir de la pandemia del covid-19, con énfasis en la sostenibilidad, para así asegurar una mayor prosperidad compartida para los dos países», destacó por su parte el embajador británico, Colin Martin-Reynolds.

El evento fue el 17 de junio. La canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, no participó porque aún no había concluido la gira por Europa, en un periplo que buscaba restablecer la imagen del Gobierno de Duque, particularmente cuestionada en ese momento por la represión de la fuerza pública contra las protestas ciudadanas que se mantuvieron por casi tres meses.

El mismo día del lanzamiento el ciudadano Juan David Muñoz Montenegro murió en Cali por la presunta acción de la Policía antidisturbios. A pesar de eso, la embajada británica no hizo ninguna condena pública a esos hechos violentos.

Las razones del silencio, además de las probables correspondencias políticas, podrían estar vinculadas al apoyo financiero y logístico que ofrece el Gobierno de Reino Unido a la Policía de Colombia, al menos desde 2015. Un respaldo que, según la investigación periodística, sería extensivo a las Fuerzas Armadas del país suramericano.

Y es que, en vísperas al anuncio del programa de cooperación bilateral, el ministro de Estado en el Ministerio del Interior, Kit Malthouse, admitió que la Agencia Nacional del Crimen (NCA) británica trabajaba en Colombia con varios departamentos, incluida la Policía Nacional y la Fiscalía General, con el objetivo de «reducir la amenaza» del narcotráfico y el lavado de dinero, así como de «otras economías criminales vinculadas a las drogas y al crimen organizado».

Además, la subsecretaria parlamentaria de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Wendy Morton, declaró durante una comparecencia que su país financiaba con 2,1 millones de libras esterlinas (más de 2,8 millones de dólares) el programa de «innovaciones policiales para la estabilización en Colombia» desde 2020, para «apoyar la transformación» de esa institución mediante la mejora de las prácticas con un enfoque «preventivo» y de «derechos».

«Nuevas redes de influencia»

De acuerdo a las revelaciones de la investigación periodística, el programa UKCOL2021 permitiría a la embajada británica «fomentar las relaciones y aumentar la visibilidad, en particular para nuevas audiencias», así como «revisar las percepciones obsoletas».

Esa visibilidad que se ejercería con el poder blando de la agenda por el medio ambiente, le permitiría a Londres -según los documentos desclasificados- «crear un conducto para una futura influencia y una mejor comprensión del Reino Unido entre las generaciones más jóvenes de colombianos y otras audiencias no tradicionales».

El objetivo en un futuro sería «establecer nuevas redes de influencia y conexiones con audiencias más diversas en Colombia», lo que facilitaría «una mejor percepción y un cambio de comportamiento hacia Reino Unido». Para ello, la estrategia consistiría en una agenda de trabajo con «actores clave» de ese país para «impulsar» el perfil de la embajada este año, en áreas que también contemplan la seguridad y la defensa.

Uno de los puntos recomendados por los asesores fue la promoción de la imagen del embajador Martin-Reynolds, mediante «una serie de conversaciones con activistas locales de alto perfil», que le permitieran llegar al público joven.

Mientras la embajada británica enfoca sus energías en visibilizar su gestión ‘verde’ en Colombia, las compañías de Reino Unido continúan la explotación de las contaminantes minas de carbón que operan en el país suramericano.

«Es probable que una gran parte del carbón extraído en Cerrejón abastezca al Reino Unido: en 2015, por ejemplo, el Reino Unido importó 20 millones de toneladas de carbón para centrales eléctricas, el 37% de las cuales procedían de Colombia«, destaca el informe ‘Los ríos que sangran’, elaborado el año pasado.

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Cerrejón es una de las minas con mayores conflictos sociales y territoriales en Colombia, y está operada a partes iguales entre BHP Billiton, Anglo American y Glencore, que cotizan en Londres. Además, el proyecto ha sido señalado por el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, como uno que ha «dañado gravemente el medio ambiente y la salud de la comunidad indígena más grande del país».

Un informe elaborado el año pasado denunció el incumplimiento por parte de Cerrejón y del Estado colombiano de los fallos judiciales que reconocen las vulneraciones de esa minera en contra de los derechos a la vida, el agua y la salud de las comunidades indígenas afro y Wayúu que viven en la zona de explotación.

Ese hecho, al que las organizaciones sociales califican de «etnocidio», ocurre tras la extracción de unas 32 toneladas de carbón térmico para exportación. Ese expolio no solo ha generado daños al medio ambiente, sino que se ha traducido en el despojo y privatización de 69.393 hectáreas del territorio, el exterminio de 17 arroyos y la contaminación irreparable del río Rancherías, contribuyendo a la crisis hídrica en la región.

Nazareth Balbás

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