El proyecto minero conocido como Las Bambas, ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac (Perú), nuevamente tiene paralizada su producción de cobre en medio de protestas y bloqueos de comunidades campesinas, que exigen diversas demandas ambientales y económicas.

Esta no es la primera vez que la empresa MMG Limited, de capital chino, debe suspender sus actividades por manifestaciones: lo mismo ocurrió en marzo y a fines del 2021. En concreto, los residentes esperaban que la firma, que representa el 2 % del cobre mundial, cumpliera los compromisos sociales asumidos. Así, mientras algunos sectores rechazan cualquier tipo de actividad extractiva, otros exigen ser parte del proceso productivo.

Edgar Gila, un vocero de las comunidades, explicó varios motivos del malestar: «Hasta la fecha no hay ningún resultado de los acuerdos en aspecto de educación, ganadería y cultura. Teníamos un acuerdo con la empresa para ceder nuestros terrenos bajo la promesa de tener un hospital, colegios y viviendas. Pero no hay ningún avance», dijo, según cita RPP.

Con este escenario, el jueves se desarrolló una mesa de diálogos entre la compañía y la comunidad de Chila, pero concluyó sin éxito y la actividad extractiva sigue paralizada. «Lo importante es que nosotros, como minera Las Bambas, estamos absolutamente dispuestos a poder restablecer este espacio de diálogo, en el marco del estado de derecho, para poder verificar estos compromisos», indicó el gerente de asuntos legales, Claudio Cáceres.

¿Por qué hay conflicto?

La zona donde está instalada la mina abarca un área que tiene casi 500.000 habitantes, donde cuatro de cada diez son pobres, según datos oficiales del Instituto Peruano de Economía. Martín León Espinosa, un periodista local, repasa que para que el cobre llegue hasta la costa, debe transportarse por un corredor vial, que despierta polémicas. Se trata de 324,5 kilómetros que atraviesan 37 comunidades en los departamentos de Cusco y Arequipa.

En 2014, tras un estudio de impacto ambiental, se determinó que el cobre debía trasladarse por carretera, sin embargo, no existía tal vía. Frente a ello, se usaron caminos regionales y vecinales, que fueron calificados como una ruta nacional, aumentando la tensión de las zonas involucradas. Esto motivó reclamos complejos: desde indemnizaciones por daños al medio ambiente, hasta puestos de trabajo en el sector de transporte de materia prima.

Para comprender el aspecto económico del asunto, el representante legal de la compañía sostuvo que el freno de los trabajos representa pérdidas de 5 millones de soles diarios (1,3 millones de dólares) para el Estado. En total, incluyendo las ganancias de la empresa, las pérdidas diarias por bloqueos se calculan en unos 9,5 millones de dólares.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo contabilizó al menos nueve conflictos sociales y ambientales desde el 2011 hasta enero de este año, como consecuencia directa de las operaciones de MMG Limited. Uno de los más resonantes se desató a fines de marzo, cuando vecinos de la comunidad de Huancuire se opusieron a la ampliación de la mina en Chalcobamba, un yacimiento de Las Bambas.

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La extensión, que permitiría aumentar la producción anual en unas 400.000 toneladas, había obtenido la aprobación gubernamental. Sin embargo, todavía se requiere modificar el estudio de impacto ambiental, que será sometido a una consulta pública.

Posible controversia política

Además de implicancias ambientales y tensión social, las actividades de Las Bambas también produce cortocircuitos políticos entre las diversas jurisdicciones, por la recepción de regalías. En Perú, la mitad del impuesto a la renta que aportan las mineras se debe redestinar a la región donde operan.

En este caso, la asignación le corresponde al departamento de Apurímac, por eso el Gobierno regional pide a las otras zonas que se abstengan de exigir dinero que afecte sus intereses. «Nadie va a tocar las regalías o el canon», contestó Jean Paul Benavente, gobernador de Cusco.

En medio de las discrepancias entre dirigentes locales, en las últimas horas la empresa difundió comunicados en redes sociales dando su versión sobre la paralización: «El 20 de abril, detuvimos nuestras operaciones ante la invasión de un grupo de comuneros de Fuerabamba a nuestra propiedad. Lamentamos esta situación que afecta a miles de trabajadores y a nuestro país».

En la región de Apurímac, Pedro Castillo obtuvo más del 70 % de los votos durante las elecciones nacionales del 2021. El año pasado, en medio de la tensión por el cierre gubernamental de algunas minas en distintas partes de Perú, el jefe de Estado sostuvo: «Desde el inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de la comunidad».

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