La tarde del 10 de diciembre de 1981, un conjunto de efectivos del Ejército de El Salvador llegó a El Mozote, una pequeña jurisdicción que solo tenía 20 casas, luego de haberse cruzado con guerrilleros en sus cercanías. Allí notaron que, además de moradores, había campesinos refugiándose. Entonces, hicieron salir a todos, los acostaron boca abajo en la única plaza del lugar, y les hicieron preguntas. Luego, los obligaron a encerrarse en las casas.

Al día siguiente los uniformados separaron a las personas por grupos y las encerraron en la iglesia del pueblo, en una casita conocida como el ‘convento’ usada por el sacerdote para cambiarse durante sus visitas y en varias casas. Durante la mañana, procedieron a interrogar, torturar y ejecutar a los hombres. Al mediodía, separaron a las mujeres de sus hijos, y las ametrallaron. Finalmente, mataron a los menores. Un grupo de niños, que había estado cautivo en el ‘convento’, fue ametrallado a través de las ventanas.

«Después de haber exterminado a toda la población, los soldados prendieron fuego las edificaciones«, relató la Comisión de la Verdad para El Salvador, organización creada por Naciones Unidas para determinar los acontecimientos y delitos cometidos durante la guerra civil entre el Ejército y el FMLN, en un informe publicado en marzo de 1993.

Allí explican que los asesinatos se produjeron en el marco de una acción antiguerrillera denominada Operación Rescate, donde además del Batallón Atlacatl participaron unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Goteras.

«Mi mamá ya estaba muerta y no había nada que hacer»

Fidel Pérez recuerda las granadas y los disparos que se escucharon aquella noche, mientras él y su familia corrieron a la cueva del Cerro Ortiz para resguardar su vida, junto con otros miembros de la comunidad. Pero en las siguientes horas, un soldado descubrió el escondite y lanzó una granada.

«A mi hermano se le habían reventado los oídos, mi papá no escuchaba. Nos pusimos de pie y nos dijo mi papá que mi mamá ya estaba muerta y que no había nada que hacer, que la niña [su hermana] estaba viva, pero toda destrozada de sus piernas», contó Fidel a El Faro.

Antonio Pereira fue testigo de cómo soldados masacraban a su familia, mientras él corrió entre terreno espinoso para salvar su vida. «Cómo va a olvidar que a usted le maten a un hijo, o a su mamá o su papá, no se te olvida», dijo.

Cerca del mediodía empezaron con las mujeres. Escogieron primero a las muchachas jóvenes y se las llevaron a los cerros

«Los soldados no tenían rabia. Se limitaron a cumplir las órdenes del teniente. Eran fríos. No eran como en una batalla», contó Rufina Amaya a la periodista Alma Guillermoprieto en 1982, en una entrevista publicada en el libro ‘La masacre del Mozote’. Amaya sobrevivió las horas en las que ocurrió, según sus palabras, la «gran quemazón».

«Cerca del mediodía -continuó Amaya- empezaron con las mujeres. Escogieron primero a las muchachas jóvenes y se las llevaron a los cerros. Después eligieron a las mujeres mayores y las llevaron a la casa de Israel Márquez en la plaza. Oímos los disparos. Después siguieron con nosotras, por grupos. Cuando me llegó el turno de que me llevaran a la casa de Israel Márquez, me escondí detrás de un árbol y me encaramé. Entonces vi al teniente. Él personalmente estaba ametrallando a la gente».

El relato de Amaya, quien falleció en 2007, fue clave para reconstruir los hechos y permitir la exhumación de los cuerpos de las víctimas en 1992. Sin embargo, después de publicarse la historia en la prensa estadounidense, las autoridades salvadoreñas trataron de deslegitimar el testimonio de la sobreviviente a tal punto que el embajador de El Salvador ante EE.UU. entre 1981 y 1989, Ernesto Rivas Gallont, llegó a negar que hubiese ocurrido la masacre. En 2014, el diplomático (que murió en 2017) pidió perdón.

Ejecuciones colectivas, masivas e indiscriminadas

La Masacre de El Mozote es como se denomina a una serie de matanzas protagonizadas por el Ejército de El Salvador, ocurridas entre los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en un pequeño grupo de aldeas localizadas al norte del departamento de Morazán, cuyo caso todavía permanece impune.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «la Fuerza Armada, con el apoyo de la Fuerza Aérea, realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles», dice su ficha técnica sobre los crímenes. Se calcula que el operativo del Batallón Atlacatl concluyó con el asesinato de aproximadamente 1.000 personas, entre las cuales había muchos niños.

Los fusilamientos se produjeron en los caseríos El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo; los cantones La Joya y Cerro Pando; sumado a una cueva del Cerro Ortiz.

Según el equipo, dispuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés), la persona a cargo de la supervisión del operativo era el coronel Jaime Flórez Grijalva, mientras que el comandante Domingo Monterrosa Barrios tenía el mando de las unidades participantes. Ambos fallecieron dentro de un helicóptero que explotó, aparentemente, por una bomba colocada por la guerrilla en 1984.

«Estos ataques se dieron en el marco de una supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de ‘tierra arrasada’, planificada y ejecutada por el Estado», concluyó la CIDH.

Varias voces interiorizadas en el tema sostienen que el equipo de militares que tuvo a cargo la misión habría sido entrenado por EE.UU., mientras el país centroamericano transitaba su guerra civil (1980-1992).

Para el máximo tribunal de América Latina, las operaciones «tuvieron como finalidad el aniquilamiento masivo e indiscriminado de los poblados que eran asimilados por sospecha a la guerrilla». En concreto, las fuerzas estatales habrían creído que existían posibles nexos entre los fusilados y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN).

De todos modos, el Estado salvadoreño jamás desarrolló una investigación seria de los hechos: no hay condenados y la Justicia local no confirmó ninguna hipótesis sobre los sucesos.

Denegación de justicia

A pesar del tiempo transcurrido, hasta el día de hoy los familiares de las víctimas no han sido reparados y la ciudadanía en general tiene negado el derecho a la verdad.

Según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando un país omite su obligación de investigar crímenes, el Estado puede ser demandado —como última instancia— ante la CIDH. En efecto, tras firmarse el Acuerdo de Paz en 1992, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la Ley de Reconciliación Nacional. El año siguiente, solo cinco días después de darse a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, se aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.

De esta forma, los demandantes de justicia se veían imposibilitados de obtener investigaciones serias y condenas para los responsables. Así, tras muchos años de tratamiento, en el 2012 la Corte Interamericana condenó al Estado salvadoreño por múltiples violaciones a los derechos humanos, remarcando su obligación de investigar estos graves delitos, en medio del negacionismo generalizado.

Ese mismo año, por primera vez el Gobierno de Mauricio Funes pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado. Recién en 2016, la Corte de Justicia local declaró que las leyes de amnistía eran inconstitucionales. Ahora, aunque lentamente avanza un intento por investigar la masacre de 1981, el Ejército acaba de rechazarle a un juez la entrega de documentos vinculados al caso.

Frente a esto, el mandatario actual, Nayib Bukele, se comprometió a desclasificar «los pocos archivos sobre la masacre de El Mozote que no han sido destruidos», pero remarcó que la mayoría se extraviaron. También criticó a la oposición, el FMLN, por no haber revelado los archivos en los diez años que estuvo en el poder.

Entre tanto, resta por ver si el Estado acatará el fallo de la CIDH de forma efectiva para investigar, tal como lo indica la Convención Americana de Derechos Humanos, un documento al cual El Salvador está suscripto. Por ahora, lo que para muchos fue la peor matanza en la historia reciente del continente, continúa impune.

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