La Ley de Comunicación deberá superar cinco nudos críticos antes de ser aprobada por la Asamblea y estos concentrarán el debate previsto para el jueves 14 de febrero a las 11:00.

La presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, remitió el martes pasado la convocatoria a la sesión 579, que tendrá como único punto la aprobación del veto enviado por el Jefe de Estado.

En diciembre pasado, el Ejecutivo elaboró sus observaciones a la propuesta remitida por la Legislatura.

En total se vetaron 26 artículosdel proyecto, que a criterio del Gobierno atentaban contra principios constitucionales, legales y que ponían en desventaja con respecto a acuerdos comerciales.

El veto del Presidentefue tratado, en primera instancia, por la Comisión de Derechos Colectivos. Sus integrantes apoyaron la mayoría de las objeciones, sin embargo no estuvieron de acuerdo con cinco de ellas que abordan temas claves dentro de la Ley.

El primero sobre la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación ante demandas civiles. Para el Ejecutivo esta decisión no está ajustada a estándares internacionales.

El segundo punto de discordia es la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

El Gobierno intentó que los representantes de pueblos y nacionalidades, medios y actores de la comunicación, entre otros, sean parte de un consejo consultivo y no del directorio de la Cordicom. Esto se debe a que la Constitución sostiene que las autoridades de las instituciones, no pueden tener relación directa con los organismos y asociaciones que serán normados.

José Chalá, legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión, sostuvo que durante el debate rechazaron la propuesta. Él cuestionó la convocatoria hecha por la Presidenta de la Asamblea, que les deja poco margen de discusión y tiene el temor de que la posición del Ejecutivo se ratifique en el Pleno, por la coalición de fuerzas políticas.

El quinto nudo y el más difundido es la vigencia del artículo 98 de la Ley de Comunicación, que regula la difusión de publicidad en el país. La actual norma prohíbe la importación de estas campañas, como una medida para incentivar la producción nacional.

Esta propuesta fue rechazada por los legisladores de la Comisión de Derechos Colectivos y su decisión contó con el respaldo de los productores audiovisuales.

Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae), pidió que se mantenga este artículo.

La tesis del Ejecutivo es apoyada por Alianza PAIS y para conocer si será aprobada se requiere el respaldo de otras fuerzas políticas. Hasta el momento, el PSC, CREO, SUMA, BIN e independientes no se han pronunciado. (I)