La justicia peruana dictó este viernes la prohibición de salir del país al ex presidente Martín Vizcarra. La decisión, tomada por la jueza María Álvarez, tendrá una duración de 18 meses y se produce en el marco de la causa de corrupción por la cual el Congreso nacional lo destituyó el pasado lunes, catalizando una nueva crisis política en un país que ha tenido tres mandatarios distintos a lo largo del presente período presidencial.

Vizcarra, quien ha sido reemplazado por el congresista Manuel Merino, ha rechazado las alegaciones y cuestionado la legitimidad de la nueva administración. En distintas declaraciones públicas ha llamado a sus seguidores a manifestarse en las calles, algo que ha sucedido durante los últimos días.

GOBIERNO DE TRANSICIÓN PERUANO BUSCA EVITAR QUE LO DECLAREN INCONSTITUCIONAL

El Gobierno de transición de Manuel Merino busca evitar que el Tribunal Constitucional de Perú (TC) lo declare inconstitucional al interferir en la demanda que su antecesor, Martín Vizcarra, presentó ante el alto tribunal que pide definir los motivos por los cuales se puede destituir a un mandatario.

Así quedó en evidencia con la intención de la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, de pedirle su renuncia al procurador general, Daniel Soria, que ejerce la defensa del Estado en este caso, al argumentar que el Gobierno de Merino realizaría «un cambio en la estrategia» sobre este asunto.

Soria declaró a la prensa que Muñoz le pidió su renuncia el jueves porque, según entendió, «se quiere realizar una nueva estrategia procesal, en el caso del proceso competencial, que se va a ver en el Tribunal Constitucional».

La titular de Justicia evitó confirmar este viernes a RPP Noticias si le pidió la renuncia a Soria y añadió que «nunca» dijo que se iba a desistir de la demanda, aunque «aún no está definida cuál va a ser la estrategia» tampoco.

Lo que sí aseguró Muñoz es que «lo que este funcionario ha dicho será analizado al interior de las normas del sistema de justicia».

LEGALIDAD DE DESTITUCIÓN

La demanda competencial ante el TC fue presentada por el Gobierno de Vizcarra tras el primer intento de destitución por «incapacidad moral» que sufrió en septiembre pasado.

En ese momento, el TC aplazó su decisión por un plazo que vence la próxima semana, al tiempo que rechazó aprobar la medida cautelar que solicitó el entonces mandatario para impedir su vacancia en septiembre porque, según los magistrados, no había intención política para apartarlo del cargo en ese momento.

Sin embargo, una nueva moción de vacancia logró sacar a Vizcarra del Ejecutivo el pasado lunes y entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestaron estar atentos a la resolución del TC para constatar si el nuevo Gobierno de Merino tiene la legitimidad y legalidad requeridas.

PROCURADORES SEGUIRÁN EN SUS CARGOS

El procurador Soria dijo haber decidido, en reunión con el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, que no renunciarán a sus cargos porque este sistema garantiza la autonomía.

Asimismo, se mantendrá en su puesto el procurador especializado en materia constitucional, Luis Huerta, quien está a cargo de la demanda competencial ante el TC.

«Mal haríamos nosotros en simple y llanamente, sin mayor razón, retirar la competencia de un procurador, el procurador constitucional tiene competencia para participar en procesos competenciales y en procesos de inconstitucionalidad y es lo que ha venido haciendo él en los otros casos que se han dado», explicó Soria.

De acuerdo al artículo 106 del Código Procesal Constitucional de Perú, una vez que el TC admite una demanda puede impulsar el proceso de oficio «con prescindencia de la actividad o interés de las partes», es decir, con o sin los interesados.

Asimismo, de acuerdo al artículo 113, las sentencias del TC pueden anular los actos viciados de incompetencia, resueltos por los poderes del Estado. En este caso, la votación por «incapacidad moral» aprobada por el Legislativo en contra de Vizcarra.

Con información de Infobae.com y EFE