La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados ‘falsos positivos’, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la institución, los imputados habrían tenido una participación determinante «en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión» en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.

Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de «aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar», precisó la JEP.

En concreto, por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por «crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil».

Los imputados

Los imputados, identificados como máximos responsables de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar, son:

• El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.
• Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).
• El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña.
• El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.
• El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Los otros imputados, «por haber contribuido de manera amplia y efectiva« en los delitos, señala la JEP, son:

• El capitán Daladier Rivera Jácome.
• El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.
• El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.
• El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.
• El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares (BRIM15 y BISAN).

Modalidad de los crímenes

De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.

Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, «tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi», explicando que las víctimas «fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno» y, además, «fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales«.

Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un «ataque generalizado y sistemático» contra la población civil.

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Estas personas «o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la justicia transicional», señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Estas imputaciones, informa la JEP, hacen parte del primero de por lo menos seis casos territoriales sobre ‘falsos positivos’ en Colombia; los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.

En febrero pasado, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.