El grave atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a poner el foco en el rol de los medios de comunicación y los «discursos de odio» que desde algunos de ellos se divulgan. Así al menos lo denuncian el Gobierno y los sectores del progresismo argentino, pero no todos están de acuerdo con esa mirada.

Para la oposición y los sectores más conservadores del país, esto no está ocurriendo. La acción temeraria de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por intentar asesinar a la exmandataria, es un hecho aislado que nada tiene que ver con la violencia discursiva en la que, muchas veces, caen medios y dirigentes políticos. Es más, el solo hecho de plantear que los «discursos de odio» son un problema a revisar, ya genera fuertes rechazos, bajo el argumento de que se busca con ello cercenar la libertad de prensa.

Lo cierto es que, a partir del ataque frustrado contra la exmandataria, el presidente Alberto Fernández, quien ya había señalado que los medios «intoxican la cabeza de los argentinos», ha estado pensando y dialogando con diversos actores políticos, sociales y de derechos humanos sobre cómo ponerle un freno a esta problemática.

En una reunión celebrada el viernes, un día después del atentado, el mandatario convocó agobernadores, representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos con el fin de «construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia».

Fernández no hizo una referencia directa a la idea de legislar en pos de frenar la difusión de mensajes que desaten aborrecimiento, pero sí lo sugirieron otros miembros del Frente de Todos, como el senador José Mayans y la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi), Victoria Donda.

Mayans habló de la necesidad de frenar el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública que se le sigue a Cristina Kirchner, para quien pidió la presidencia en 2023. «¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso», declaró.

Y al argumentar por qué debería haber una nueva normativa, manifestó: «Hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa».

Donda, por su parte, indicó que «urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas». Y recordó que existen en Francia, en Alemania y «debería existir en Argentina».

Más allá de la propuesta, la excongresista señaló que «las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos».

«Ellos o nosotros»

Tras el atentado, Donda cuestionó duramente al diputado liberal Ricardo López Murphy, quien desde su cuenta de Twitter había sido determinante respecto a la vicepresidenta y sus seguidores, que durante toda la semana pasada le expresaron su apoyo por la causa judicial en la que se la investiga: «Son ellos o nosotros», dijo y calificó al kirchnerismo como «una banda de delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes».

«Estos discursos —manifestó Donda— son el semillero de acciones concretas que llegan a la violencia física extrema y hasta intentos de homicidio como el sufrido por la vicepresidenta».

Desde el otro lado de la grieta, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su rechazo a la idea de una legislación que limite a la prensa: «Todos los días nos levantamos con una Argentina que nos angustia, que nos duele, con suba de precios, que se profundiza la crisis educativa. Ante tanto dolor el kirchnerismo solo nos intenta distraer ahora con esto de proponer una ley mordaza«, declaró el martes en una rueda de prensa.

También la exministra de Seguridad durante el macrismo, Patricia Bullrich, se refirió al tema y dijo que «la prensa está amenazada por ideologías autocráticas».

Desde medios como Clarín y La Nación, los más cuestionados por el oficialismo por sus publicaciones respecto a la presunta difusión de discursos de odio, se hicieron eco de un presunto proyecto oficial que nunca se confirmó como tal. Y lo compararon con la ley de odio que funciona en Venezuela «contra opositores y medios críticos al régimen».

Encuentran fotos del agresor de Cristina Fernández y su novia posando con la pistola usada en el atentado

Pero no hubo mucho tiempo para más, porque este martes la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió a aclarar que no existe en la actualidad ningún proyecto en ese sentido.

«En Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de [Raúl] Alfonsín hasta nuestro código penal. La ley de discriminación lo incluye, la ley contra la violencia de género y la ley de medios lo incluyen», aclaró. Y apuntó a los medios por instalar «su propia realidad».

Actualmente, rige en Argentina el artículo 209 del Código Penal, que sanciona a quienes instiguen a cometer un delito con prisión de dos a seis años. También, al artículo 213 del Código Penal castiga con un mes a un año de cárcel a quien hiciere, públicamente y por cualquier medio, la apología de un delito o de un condenado por delito.

Lo cierto es que los discursos de odio son moneda corriente en Argentina, un país que el próximo año celebrará 40 años de democracia ininterrumpida. Surgen desde la dirigencia política, se leen y se escuchan en los medios y se observan en las calles. Basta recordar la manifestación opositora del año pasado frente a la Casa Rosada, en la que se exhibieron bolsas mortuorias con los nombres de funcionarios de Gobierno, o una imagen de Cristina Kirchner colgada por el cuello, junto a la palabra «Justicia».

También, el día en que el diario Clarín difundió la convocatoria a una marcha frente al domicilio de la vicepresidenta.

O, más recientemente, un informe de cómo usar correctamente la pistola Bersa 380 que pudo haber terminado con la vida de Cristina Fernández de Kirchner.

Una preocupación justificada

Natalia Aruguete es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y doctora en Ciencias Sociales. Además, es coautora del libro ‘Fake News, trolls y otros encantos’, en el que se analizan los efectos de la difusión de información falsa.

Para la especialista, la preocupación del Gobierno «es legítima», aunque no suponga que se esté trabajando en una normativa. «Es una preocupación que está justificada, que tiene asidero frente a la escalada de la violencia política que vemos en el último tiempo. Con el atentado, esa violencia llegó a una de sus máximas expresiones», señala Aruguete a RT.

La comunicadora considera también que la oposición siempre usó el mismo argumento para eludir esta preocupación: que se está yendo en contra de la libertad de expresión, pero bajo «una concepción restrictiva de este derecho fundamental».

«Este sector solo pone el foco en quien emite el mensaje, no en quien recibe. La libertad de expresión tiene que tener una mirada más comprensiva, más abarcativa, que contemple la libertad de quien emite y el derecho de quien recibe. Además, tiene que tener como límite los abusos, las violencias y cualquier perjuicio que pueda recaer en otro individuo. Esto nos debería preocupar a todos», analizó.

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