Dimas Antonio Casemiro, militante de la clase obrera, tenía 25 años cuando fue torturado y asesinado en 1971 por agentes del Estado durante la dictadura militar en Brasil (1965-1985).

Su familia lo buscó durante 47 años hasta que en agosto de 2018 sus restos mortales fueron entregados a sus allegados, que finalmente pudieron enterrarlo y despedirlo.

Fue la primera persona identificada por el equipo del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CCAF), creado en 2014 a pedido de los familiares de 42 desaparecidos, cuyos cuerpos fueron abandonados en la fosa clandestina de Perus, en la periferia de Sao Paulo. El equipo está cerca de concluir el análisis de más de 1.000 cajas con restos óseos extraídos de la fosa.

«Se trata de restituir a las familias el derecho de enterrar y de realizar los rituales funerarios de sus seres queridos y esclarecer para Brasil que hubo una grave dictadura militar, que tuvo como una de sus principales acciones la desaparición de opositores que pensaban y actuaban de forma distinta a lo que dictaba el régimen militar», explica a RT Edson Teles, coordinador de CCAF.

Meses después del hallazgo de Casemiro, se anunció la identificación de Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, uno de los principales líderes sindicales brasileños de ese periodo.

Ferreira tenía dos hijos cuando en 1971, a los 48 años, lo mataron en el Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), al mando del general Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los más mayores torturadores del régimen militar.

Ustra ha sido alabado públicamente por el mandatario Jair Bolsonaro en varias ocasiones, entre ellas cuando en 2016, siendo diputado, votó a favor del ‘impeachment’ a la expresidenta izquierdista Dilma Rousseff, que fue presa durante la dictadura.

El descubrimiento

El hoyo, de unos 2,70 metros de profundidad, se abrió en los años 70 en el cementerio de Dom Bosco para depositar los cuerpos de vagabundos, de muertos no reclamados o de víctimas de la represión policial.

Una buena parte de los desaparecidos políticos fueron enterrados como indigentes o con nombres falsos, pero en los documentos de la Policía o del Instituto Médico Legal los archivaron con una T escrita con bolígrafo de tinta roja para identificarlos como «terroristas».

La fosa de Perus se convirtió en una de las evidencias materiales más importantes de la violación de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura y desencadenó un proceso de búsqueda de la verdad sin precedentes hasta esa fecha en el país.

En el libro ‘Vala de Perus: una biografía’, el escritor Camilo Vannuchi describe el momento en el que en 1990 Antonio Pires Eustáquio, administrador del cementerio en plena dictadura, reveló la existencia de la fosa al periodista de investigación Caco Barcellos.

«Aquí hay un hoyo en el cementerio, un osario clandestino donde arrojaron los restos de unas 1.500 personas enterradas como indigentes, en 1976. Les aseguro que estos cuerpos que buscan están escondidos en este hoyo. Son las personas que desaparecieron de los libros de contabilidad«, aseguró.

Se encontraron un total de 1.049 sacos con huesos de personas, y en cerca de 200 los huesos estaban mezclados. Desde el hallazgo, los restos pasaron por el análisis de tres universidades y, en medio de disputas por la financiación de la investigación, los trabajos se paralizaron en varias ocasiones, lo que contribuyó a la degradación del material, maltratado durante años.

«Además de devolver a los familiares a sus personas queridas y hacer una reparación histórica, nuestra labor tiene una gran importancia política para el presente, en la medida en que cada individuo desaparecido e identificado es la comprobación de que la versión del actual gobierno es falsa».

Cuando el CCAF tomó las riendas en 2014 se puso como objetivo esclarecer toda la verdad. Hasta esa fecha habían sido identificados tres militantes políticos: Denis Casemiro, hermano de Dimas, en 1991; Frederico Eduardo Mayr, en 1992, y Flávio Carvalho Molina, en 2005.

«Nuestra labor consiste en recibir la cajas, higienizarlas, abrirlas y estimar la edad, sexo y estatura. El perfil se compara con el de los 42 desaparecidos políticos que buscamos y si hay algo que los relaciona, se pasa a la etapa genética en la que se realiza una extracción de una muestra ósea de ese individuo y se envía a un laboratorio a Holanda», comenta Teles.

«Trabas y temores»

Para Teles, el trabajo cobró una relevancia todavía más significativa desde que en 2019 llegó al poder Bolsonaro, defensor a ultranza de la dictadura.

«Además de devolver a los familiares a sus personas queridas y hacer una reparación histórica, nuestra labor tiene una gran importancia política para el presente, en la medida en que cada individuo desaparecido e identificado es la comprobación de que la versión del actual gobierno es falsa», asevera.

Desde «restaurar la paz» hasta «fortalecer la democracia»: el Gobierno de Bolsonaro ensalza de nuevo la dictadura militar

Su trabajo, cuenta, está envuelto en «trabas y temores». «Actualmente estamos en un lugar alquilado y existe el riesgo de peder el inmueble y que todo se paralice (…) no hay voluntad política para alcanzar una solución, lo que nos causa temor porque sabemos que es una historia que demuestra una narrativa de los hechos contraria a lo que propaga el actual presidente», explica.

Para el experto esta labor resulta esencial para contribuir a que «los valores democráticos tengan mayor espacio en la sociedad, ya que graves violaciones estatales por parte de la seguridad pública ocurren todavía el día de hoy, teniendo como objetivo a la población periférica negra y pobre».

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